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Por Leonel Herrera*
El Juzgado de Sentencia de San Vicente postergó nuevamente la entrega por escrito del fallo absolutorio de los líderes comunitarios de Santa Marta. La entrega de la resolución estaba prevista para el pasado 28 de noviembre, pero fue pospuesta para el 19 de diciembre próximo.
Los jueces alegan que todavía están “revisando” el documento de la resolución dada a conocer de manera oral el pasado 24 de septiembre, la cual absolvió a los defensores ambientales. Ésta es la segunda vez que se suspende la entrega de dicho escrito.
Los activistas antimineros han sido absueltos en dos ocasiones. La primera fue el 18 de octubre de 2024, cuando el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque resolvió -por unanimidad- que los delitos imputados ya prescribieron y que, por tanto, era imposible efectuar la acción penal.
La segunda absolución fue otorgada por el Juzgado de Sentencia de San Vicente, tras la repetición del juicio ordenada por la Cámara Penal de Cojutepeque. La segunda absolución estableció la total inocencia de los líderes ambientalistas.
En la práctica, la postergación de la entrega escrita del fallo constituye una nueva dilatación del proceso judicial, ya que -mientras ésta no se realice- los plazos y eventuales recursos procesales no se agotan y el caso aún no puede darse por cerrado.
Las tácticas dilatorias han sido una característica del cuestionado proceso judicial contra los ambientalistas de Cabañas. De hecho, la repetición del juicio fue suspendida cinco veces, hasta que finalmente se realizó la segunda vista pública a finales del mes de julio de este año.
El objetivo de estas dilataciones es mantener el vilo y alargar el sufrimiento de los procesados, sus familiares y sus organizaciones o comunidades. Esto suele suceder sobre todo cuando la Fiscalía no tiene una acusación sólida, carece de pruebas y -ante la imposibilidad de conseguir una condena- busca, al menos, alargar el proceso por el mayor tiempo posible.
Esto mismo está sucediendo en casos como el de Alejandro Henríquez y Ángel Pérez, los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz y otros casos de persecución política, donde la Fiscalía logró extender la fase de instrucción sin el objetivo real de recopilar más pruebas, sino únicamente con el propósito malévolo de dilatar los procesos judiciales.
Las tácticas dilatorias no sólo se dan en los “casos políticos”, sino que también es una práctica generalizada contra los presos inocentes detenidos en el marco del régimen de excepción, a quienes ni siquiera se les ha realizado audiencia inicial. Decenas de miles de personas llevan más de tres años encarcelados sin ser llevados ante un juez.
Muchos presos inocentes del régimen de excepción, además, nunca han podido ver a sus abogados (los que tienen) ni a sus familiares, lo cual es extremadamente ilegal, cruel e inhumano. La semana pasada el oficialismo aprobó la prórroga número 45 del régimen de excepción, lo cual significa que esta grosería y barbarie continuará
Volviendo al “Caso Santa Marta”, ojalá que el Juzgado de Sentencia de San Vicente, que tuvo el acierto y la valentía de resolver apegado a derecho y absolver a los activistas antimineros, no postergue más la entrega escrita del fallo para permitir el fin del proceso.
*Periodista y activista ambiental.
