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Redacción Nacionales
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A menos de dos meses de ser capturado bajo el Régimen de Excepción, Adán Moisés Fuentes Cibrián falleció mientras esperaba atención médica en el Hospital Jorge Mazzini, de Sonsonate.
No padecía ninguna enfermedad crónica, sin embargo, la causa de muerte fue establecida por edema pulmonar, lo cual puede estar relacionada a daños en los pulmones ocasionados por golpizas en el estómago.
Fuentes Cibrián fue capturado el 27 de junio 2025, desde entonces permaneció recluido en el penal de Izalco, Sonsonate. Fuentes Cibrián era originario de Cangregera, cantón Amayon, La Libertad, y se dedicaba a hacer viajes con su vehículo.
Su esposa, al recibir la noticia de la muerte, fue al Hospital Nacional Jorge Mazzini, a preguntar por su familiar, pero el personal del centro asistencial le informó que no había ningún ingreso de paciente con ese nombre. Medicina Legal, en su informe, registró que la muerte de Moisés ocurrió dentro del hospital.
Moisés deja dos niños, de 4 y 6 años de edad, era un hombre muy querido por sus amigos y vecinos, los familiares exigen a las autoridades esclarecer la causa de su muerte.
Según un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), de los fallecimientos reportados dentro de los penales, aproximadamente el 35% fueron muertes violentas, en pocos casos se hizo la debida inspección ocular policial y reconocimiento por delito de homicidio.
La PNC, FGR y Medicina Legal, a pesar de que los cuerpos presentaban señales de violencia les colocaron el supuesto delito “sobre averiguar muerte”, para no ser contabilizados como homicidio y no ser investigados como tal, encubriendo a los autores.
“Muchos cuerpos los entregaron en ataúdes cerrados para que las familias no los abrieran; pero a pesar de eso, los abrieron y descubrieron que los cuerpos presentaban señales de violencia y tortura”, dijo SJH.
Asimismo, señaló que han enviado un informe completo sobre la graves violaciones a derechos humanos de parte del Estado de Él Salvador contra población civil inocente durante la implementación del Régimen de Excepción.
Entre los delitos denunciados están la desaparición forzada de cientos de personas, muertes extrajudiciales de quienes no tuvieron derecho a una segunda audiencia, torturas, detenciones arbitrarias y, en general, graves tratos crueles inhumanos y degradantes en el sistema penal de El Salvador.
El informe fue recibido de parte del fiscal de la Corte Penal Internacional.
“Es nuestro deber y obligación informar, de acuerdo al Estatuto de Roma, sobre los crímenes de lesa humanidad que el Estado y sus agentes cometen de manera sistemática contra la población civil”, enfatizó la organización defensora de los Derechos Humanos.
