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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
La reciente concreción del actual ejecutivo de constituirse como candidato para un segundo mandato en las elecciones venideras, constituye además de una vejación al mandato Constitucional, el desmontaje de la institución estatal.
Esto porque para sustentar jurídicamente la aberración que supone la reelección, el actual ejecutivo necesita una profunda reforma a nivel estructural constitucional que, para asegurar la figura de la reelección, trastocará su esencia.
De ahí que la primera tarea del oficialismo al iniciarse el segundo período del actual ejecutivo, será volcarse a una muy creativa reestructuración de nuestra Constitución, partiendo de cuestiones tan fundamentales como lo es el derecho de las personas, ventilado en los primeros artículos de la Constitución, hasta el espinoso tema de la confirmación de una reforma constitucional (Art.248, 2ª p), qué supone refrendarla y autorizarla solo por intermedio de la confirmación de la tal reforma por los diputados inmediatos sucesores a los que adelantaron la reforma, eliminando estos candados constitucionales.
En lo tocante a las libertades individuales y la relación que estas tienen para con el estado, las reformas que se adelanten establecerán límites muy claros, pero debidamente difuminados en un lenguaje con el ánimo de admitir dobles interpretaciones en términos judiciales, con los consecuentes perversos efectos tanto legales como turbios que esto supone.
El resultado de esa revisión deberá ser poco parecido a lo que ahora conocemos, pues será orientada a garantizar que no haya posibilidad alguna de adelantar procesos jurídicos en contra de quienes ahora favorecen esta ilegalidad, pero además asegurando que todos las ilegalidades cometidas por el régimen, el enriquecimiento ilícito, los asesinatos, las expropiaciones, las vejaciones al actual texto constitucional, el actual y futuro mal manejo de activos estatales, los acuerdos del actual gobierno con el hampa, la dilapidación y manejo arbitrario y sin control de recursos públicos, el nepotismo, etcétera, sean debidamente amnistiados, como asegurada una revisión por ley de nuestra historia, en la que el papel del actual ejecutivo y su familia sea el centro de la misma.
El mismo asegurará al neoliberalismo como eje del quehacer financiero estatal, por lo que se establecerá para este un papel reduccionista del mismo, anulando por ejemplo sus posibilidades efectivas de regular al mercado, y a este dejándolo hacer con todos los vicios que ya conocemos y que agudizará las ya profundas e irreconciliables diferencias de clase.
Las consecuencias no se dejarán esperar, pues a la inacción del actual gobierno por resolver ahora los desafíos estructurales que son el motor de la violencia social que padecemos cíclica e históricamente, se sumará la legalización y la naturalización por institucionalización de la desigualdad, que como nunca se hace sentir ahora mismo, cerrando todo espacio a la movilidad social, agravando la ya insostenible carga fiscal de los desheredados, mientras los privilegios de las élites aumenten por decreto.
Ese escenario no es especulativo, sino el camino por antonomasia que el régimen seguirá pues hundió sus opciones legales y no le queda otro camino que el de profundizar la inequidad que lo ha caracterizado.
