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@arpassv
Representantes de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) exigieron la semana pasada que, como parte del proceso de democratización del modelo mediático del país, el gobierno le asigne una frecuencia de televisión abierta a la Universidad de El Salvador (UES).
ReDCo plantea la necesidad de establecer un sistema de medios de comunicación públicos plural e independiente de los gobiernos de turno, y -este sentido- la pertinencia de que la única universidad pública del país cuente con medios propios.
Concretamente, ReDCo propone que el Canal 8 de Televisión propiedad del Ministerio de Educación (MINED) -actualmente en manos de una asociación privada- sea transferido a la UES. La petición es respaldada por las autoridades universitarias.
El Canal 8 está actualmente en proceso de renovación de la concesión en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y -según denunciaron los miembros de ReDCo- el MINED estaría concediéndole por 20 años más a AGAPE, organización “caritativa” conservadora vinculada a sectores oligárquicos del país.
En todos los países de la región las universidades públicas tienen frecuencias de radio y televisión; pero en El Salvador los gobiernos de ARENA le negaron a la UES como represalia por sus posturas críticas. Esta situación, sin embargo, no ha cambiado con las dos administraciones de la izquierda en el Ejecutivo.
La Universidad de El Salvador tampoco ha tenido incrementos presupuestarios significativos y continúa como la universidad estatal con el presupuesto más bajo en la región: poco más del 1% del presupuesto nacional.
Para institucionalizar un sistema de medios públicos, ReDCo pide que la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia lo establezca como política pública y que la Asamblea Legislativa retome un proyecto de ley presentado en septiembre de 2013.
El referido proyecto de ley duerme el sueño de los justos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, su discusión fue suspendida por presiones extra-parlamentarias de entidades que rechazan las propuestas de desconcentrar y diversificar el esquema mediático del país.
El proyecto de ley se basa en los “Indicadores del Desarrollo Mediático” de la UNESCO y en los “Estándares de Libertad de Expresión” de la CIDH que proponen marcos normativos y políticas públicas que propicien una gama equilibrada de medios públicos, privados y comunitarios.
Desde este espacio editorial exhortamos al ministro de Educación, a la superintendenta de la SIGET y al Presidente Salvador Sánchez Cerén a transferir la concesión del Canal 8 de Televisión a la UES.
