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Aunque el presidente Nayib Bukele responde con sorna e intenta mantener su narrativa del exitoso modelo de seguridad en El salvador, y que el vicepresidente Félix Ulloa califique los homicidios o muertes en las cárceles como “leyendas urbanas”, lo cierto es que la política de seguridad del gobierno está en la mira internacional, y tarde o temprano vendrá el desmoronamiento, acompañado de acusaciones y condenas.
A finales de este mes, el Régimen de Excepción que mantiene el gobierno de Bukele cumplirá cuatro años, pese a que la Constitución dice que una medida como esta debe ser “excepcional”, y a lo sumo puede prorrogarse una y otra vez, lo cierto es que en el país, la Asamblea la prorroga mes a mes y ya está por cumplirse cuatro años de vigencia.
El Régimen de excepción, como se recordará, fue la respuesta que el gobierno dio a un repunte de homicidios a finales de marzo de 2022, con más de 80 homicidios cometidos por la Mara Salvatrucha (MS), una organización criminal que contestaba así el rompimiento de la negociación o tregua que mantenía la estructura criminal con el Gobierno de Bukele.
Investigaciones periodísticas han dejado constancia no solo de la negociación que el gobierno mantuvo con los dos principales grupos criminales, sino las razones del rompimiento del trato.
El Régimen de Excepción, en un primer momento, sirvió para perseguir a los grupos criminales, principalmente los de la MS, pero luego se convirtió en una herramienta para el control social. Así, bajo la amenaza de aplicarles el “Régimen”, miles de vendedores ambulantes fueron desalojados de las calles que por años las ocuparon paras las transacciones comerciales.
Bajo la amenaza de aplicarles “El Régimen”, los empleados públicos guardan silencio total y no se atreven a hacer señalamientos contra el Gobierno, incluso, ni para protestar por los más de 80 mil despedidos del sector público.
En El Salvador, por el “Régimen”, nadie se atreve a criticar abiertamente al gobierno, y quienes se atreven o están presos o en algún momento pueden estarlo. Esta es la alternativa.
Pero, el “Régimen” también ha sido utilizado para cometer delitos en las prisiones, y de eso trata un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) titulado: “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública”, hecho público recientemente.
El GIPES fue formado con el objetivo de investigar las violaciones graves de derechos humanos en el contexto de la política de seguridad pública del Estado de Excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, y “determinar si estas podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
El grupo está integrado por cinco juristas de reconocimiento internacional, son: Susana SáCouto, Claudia Martin, Gino Costa, José Guevara y Santiago Cantón.
El grupo cuenta con el respaldo de la Due Process of Law Foundation (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), InterJust, elProyecto de Investigación IMPACTUM y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto de la Universidad de Ghant (Bélgica).
En las conclusiones del informe, el GIPES señala: que “las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de El Salvador durante el estado de emergencia podrían constituir crímenes de lesa humanidad, debido a la naturaleza generalizada y sistemática de los ataques, su comisión contra la población civil y su realización como parte de una política o plan estatal”.
Esto es grave y deja claro que los Estados no tienen cartas blancas para hacer y deshacer con una medida pública como el “Régimen” de quienes se consideran criminales, muchos menos, si entre los señalados hay miles de inocentes como es el caso de El Salvador.
De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, entre los 91,000 pandilleros que dice el gobierno haber capturado, un tercio de ellos son inocentes.
El GIPES reconoce “Las demandas legítimas de la población salvadoreña por seguridad y la obligación del Estado de combatir la violencia y garantizar la paz, pero esta obligación no puede cumplirse mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
Este informe, además, respalda a todas las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que el gobierno de Bukele se ha encargado de deslegitimar y perseguir, como CRISTOSAL, Socorro Jurídico Humanitario, UNIDEHC, FESPAD, entre otras, que se han visto obligadas a suspender actividades en el país, mientras algunos de sus líderes guardan prisión o están en el exilio.
Y como bien dice el antropólogo Marvin Aguilar, esto apenas comienza, y la defensa no puede ser con mensajes en redes sociales, sino con argumentos jurídicos.
