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Yanuario Gómez
Joaquín Salazar
@DiarioCoLatino
“Negociaron con la sangre del pueblo. Hay pruebas de que financiaron actos terroristas. Lo menos que podemos exigir es la renuncia de @norman_quijano y que el Fiscal General @MelaraRaul procese a los involucrados por violación a la Ley Antiterrorista”, fueron las palabras del presidente de la República, Nayib Bukele, al referirse a las acusaciones de un testigo criteriado que vinculan al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, con estructuras pandilleriles.
“Noé”, testigo criteriado, en un juicio contra una estructura de la Mara Salvatrucha por el caso denominado “Operación Cuscatlán”, declaró que Norman Quijano, durante su campaña presidencial para las elecciones 2014, se reunió con esa pandilla y le ofreció un millón de dólares. Sin embargo, el actual presidente de la Asamblea Legislativa negó estas declaraciones.
“Ante declaraciones de un implicado en delitos y, hoy, testigo criteriado en juicio de pandilleros: 1. Desmiento totalmente sus señalamientos, 2. Nunca participé en reuniones con pandillas y nunca ofrecí un millón de dólares”, aclaró el legislador en su cuenta de
Twitter.
En sus declaraciones, el testigo criteriado también expone que Norman Quijano aclaró a los miembros de estructuras criminales que su campaña mediática, en la que prometía combatir a estos grupos, era una simple “cortina política” y que los planes reales eran diferentes.
El mandatario salvadoreño, además de salir en defensa de las diputadas areneras Milena Mayorga y Felicia Cristales, quienes han sido separadas y excluidas al interior del partido político, “sin haber cometido ningún delito”, cuestionó al partido de derecha, en especial a sus Tribunales Internos, sobre si procederán o no a realizar un juicio en contra de Quijano.
Bukele también aprovechó la oportunidad para cuestionar a diversos sectores; entre ellos, a la misma Asamblea Legislativa, para que el diputado sea desaforado, y a la Fiscalía General de la República (FGR), para la investigación respectiva. Sobre esta última, el titular de la institución contestó que dejará que el juicio “Operación Cuscatlán” continúe para determinar lo que corresponda en el caso, por lo que la FGR actuará conforme a la Ley.
Ante las declaraciones de “Noé”, funcionarios del actual gobierno también pidieron a la FGR investigar estos señalamientos. Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), publicó en sus redes: “Señor Fiscal de la República @MelaraRaul le pedimos tome cartas en el asunto en este caso en donde a todas luces se ha negociado con vidas de salvadoreños. Estos casos no pueden quedar en la IMPUNIDAD, y
deberíamos exigir los salvadoreños honrados la renuncia de Norman Quijano”.
Esta no es la primera vez que se involucra a miembros del partido de derecha en reuniones con estructuras criminales, en 2016 se hizo público un vídeo en el que aparecían Ernesto Muyshondt, actual alcalde de San Salvador, y el exedil de Ilopango, Salvador Ruano, junto a cabecillas de la MS-13.
Ruano también fue señalado de beneficiar a estos grupos del crimen organizado mientras fungía como edil.
En el mismo sentido, Elías Hernández, exjefe edilicio del municipio de Apopa, fue condenado en 2018 a 12 años de cárcel por emplear a pandilleros del Barrio 18.
En el caso de Hernández, la Fiscalía General de la República (FGR) demostró que el exedil favoreció a la pandilla 18 con plazas, combustible, líneas telefónicas y mandaba a reparar vehículos con fondos de la municipalidad.
Elías Hernández fue capturado el 5 de junio de 2016 y la Fiscalía lo acusó de haber pactado con pandillas a cambio de votar por él en las últimas elecciones.
