Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Saúl Méndez
Colaborador
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), junto al economista César Villalona, presentó la “Propuesta de Reforma al Sistema de Pensiones en El Salvador”, una alternativa al modelo vigente que, según sus impulsores, busca dar respuesta a la crisis estructural que arrastra el sistema previsional.
De acuerdo con Francisco Parada, la iniciativa se sustenta en las investigaciones desarrolladas por el economista y pretende resarcir los daños generados desde 1998, cuando se implementó la privatización del sistema de pensiones en El Salvador.
“Esta medida (del 98) se anunció con bombos y platillos y fue acompañada de campañas publicitarias en distintos medios de comunicación sobre los supuestos beneficios que traería el sistema privado. Se prometió que la cobertura crecería significativamente, que las futuras pensiones serían dignas, que habría altos rendimientos, que el modelo de capitalización individual financiaría el desarrollo y que sería sostenible. Esas fueron las promesas que se hicieron en 1998”, recordó.
Sin embargo, décadas después de la privatización, la cobertura se mantiene prácticamente en los mismos niveles, advirtió el BRP. Según el movimiento, apenas el 27 % de la población económicamente activa cotiza y, de ese porcentaje, el 80 % recibe pensiones que no considera dignas. Además, los rendimientos habrían caído de cerca del 13 % en 2000 a 3 % en 2008 y, desde 2023, rondan cifras cercanas a cero.
“El Estado no ha pagado lo que adeuda al fondo de pensiones. El sistema de capitalización se fracturó en 2007, cuando las AFP comenzaron a prestarle recursos al Estado para cubrir pensiones del antiguo sistema público y, posteriormente, con la creación de la Cuenta de Garantía Solidaria en la reforma de 2017. Cerca del 80 % de los fondos administrados por las AFP se han utilizado para financiar pensiones del sistema público, en lugar de impulsar obras de desarrollo. Esto ha generado una deuda pública creciente que compromete los fondos de capitalización”, detalló Parada.
Para el economista César Villalona, el sistema actual no es sostenible debido a la deuda pública acumulada, la cual compromete los ahorros futuros de toda la población cotizante.
“A esta situación se suma el acuerdo firmado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a préstamos millonarios. Entre los compromisos adquiridos está la implementación de un paquete de ajustes que ha implicado recortes presupuestarios y la promesa de impulsar una reforma al sistema de pensiones que podría afectar a todos los cotizantes”, advirtió.
El economista sostuvo que el escenario es desfavorable para la clase trabajadora, al considerar que el sistema privado muestra signos de agotamiento.
“No se cumplió ninguna de las promesas de prosperidad que supuestamente traería la privatización. Por el contrario, durante años ha generado millonarias ganancias para las administradoras privadas, mientras el Gobierno ha utilizado los fondos de pensiones como préstamos que no ha pagado. Según un acuerdo de la Asamblea Legislativa de El Salvador, el pago de esa deuda iniciaría hasta 2027”, cuestionó.
El BRP advirtió que los ahorros de los cotizantes podrían estar en riesgo y que, en el marco de los compromisos con el FMI, no se descarta un aumento en la edad de jubilación para cumplir con las obligaciones financieras adquiridas.
Ante este panorama, el movimiento planteó que una reforma integral no debe limitarse a ajustes dentro del sistema actual de pensiones.
“A esto debe sumarse una reforma tributaria con objetivos claros. Primero, establecer mecanismos que permitan incorporar a sectores históricamente excluidos, como el sector informal, mediante incentivos estatales que amplíen de forma sustancial la base previsional”, explicó.
Como segundo punto, el BRP propone garantizar pensiones mejores y vitalicias a través de la modificación de la fórmula de cálculo, el incremento de los rendimientos, el inicio efectivo del pago de la deuda pública con el fondo de pensiones y la creación de un sistema público solidario, sin fines de lucro, autosostenible y administrado por el Instituto Salvadoreño de Pensiones.
“Tercero, asegurar la sostenibilidad financiera del sistema mediante el aumento de las cotizaciones, el pago anual de la deuda pública y su cancelación en un plazo no mayor de 25 años, así como la eliminación del lucro privado en la administración de los fondos”, añadió.
Cómo cuarto paso, la propuesta del BRP plantea que el Estado deje de recurrir al endeudamiento con el fondo de pensiones para cubrir sus compromisos previsionales.
