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Saúl Méndez
Colaborador
Defensores ambientalistas pidieron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, revisar con urgencia el papel que la Embajada de México en El Salvador desempeña en relación con el proyecto de relleno sanitario en San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente.
La petición surge ante la situación ambiental y social que se desarrolla actualmente en San Francisco Angulo, municipio de Tecoluca, y que involucra a la empresa mexicana CYEEMSAL. La compañía presuntamente contó con el acompañamiento de la Embajada de México en El Salvador durante labores que se ejecutan en la zona, pese a la desaprobación de la comunidad local y a una resolución emitida en 2018 por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que instaba a evitar cualquier intervención en el lugar debido a su importancia histórica, ya que en el área se registraron masacres durante el conflicto armado que aún deben ser investigadas, además del impacto ambiental que generaría.
Asimismo, las comunidades locales han denunciado que maquinaria pesada ingresó recientemente al territorio y comenzó a arrasar árboles centenarios y vegetación del área, lo que ha generado una fuerte alarma ambiental.
De acuerdo con testimonios de habitantes y registros audiovisuales que circulan en redes sociales, el ingreso de la maquinaria fue facilitado mediante la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC), que obligó a las comunidades a permitir el paso de los equipos.
Las comunidades también reportan que personal de la Embajada de México en El Salvador acompañó a los empresarios durante estas operaciones, cuya presencia tenía como objetivo brindar “protección” al proyecto.
Para los habitantes de San Francisco Angulo, esta situación genera profunda preocupación por varias razones.
“El proyecto avanza sin información pública clara sobre sus características y alcances. No se ha divulgado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que permita evaluar sus efectos sobre el ecosistema y las comunidades. Tampoco se han desarrollado procesos transparentes de información y participación ciudadana”, destacó Ana Cisneros, del Movimiento Ciudadano Todos Somos El Espino, organización que también mantiene una lucha para evitar la deforestación de un sector de la finca El Espino destinada a la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco).
“El avance de las obras ocurre en un contexto de fuerte presencia policial, lo cual agrava la tensión social en el territorio”, enfatizó Cisneros.
Además, señalaron que estas circunstancias parecen contravenir principios fundamentales promovidos en la región a través del Acuerdo de Escazú, que establece estándares para garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones que afectan el medio ambiente y la protección de las personas defensoras de la naturaleza.
“México ha sido históricamente un país que ha defendido el respeto a los pueblos, la protección del medio ambiente y la responsabilidad internacional en el actuar de sus instituciones. Precisamente, por ese legado, consideramos fundamental que la Presidencia de México tenga conocimiento directo de lo que está ocurriendo en San Francisco Angulo”, señalaron.
Los defensores ambientalistas solicitaron respetuosamente revisar con urgencia el papel que la Embajada de México en El Salvador desempeña en relación con este proyecto y verificar que cualquier acompañamiento institucional a empresas mexicanas en el extranjero se realice con estricto apego a los principios de transparencia, debida diligencia ambiental y respeto a las comunidades locales.
Entre sus exigencias se encuentran: claridad pública sobre la naturaleza del proyecto y la empresa involucrada; información sobre el papel desempeñado por la Embajada de México en El Salvador en relación con esta iniciativa; y garantías de que las actividades empresariales vinculadas a intereses mexicanos respeten estándares ambientales y de derechos humanos.
“La protección de los ecosistemas y el respeto a las comunidades no son únicamente asuntos locales: forman parte de la responsabilidad compartida que nuestras sociedades tienen frente al futuro de la región”, señalaron.
“Las comunidades de Angulo se enfrentan hoy a la pérdida acelerada de su entorno natural y a decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles para el territorio”, lamentaron.
