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Bien hecho, Superintendenta

@arpassv

Aplaudible actuación de la titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). La Superintendenta Blanca Coto ha rechazado la ilegal decisión de la “junta de directores” y la fuerte presión de los grandes medios que le exigen acatarla.

La Superintendenta declaró ayer que ha consultado a la Sala Constitucional e informado a la Fiscalía; es decir: no ha aplicado la decisión de revertir la concesión del Canal 11. Ya antes la funcionaria había dicho que analizaría la validez jurídica de la decisión de la “junta directores” y que informaría al Presidente Salvador Sánchez Cerén.

Como hemos dicho antes, drugstore la decisión de la “junta de directores” de la SIGET, sildenafil encabezada por el dirigente empresarial Waldo Jiménez, recipe es ilegal porque violenta una medida cautelar de la Sala Constitucional y disposiciones internacionales sobre el uso del espectro radioeléctrico que reservan el Canal 37 para actividades astronómicas.

La decisión de la “junta de directores” responde al interés de las empresas televisivas que quieren revertir la concesión del Canal 11 para evitar la entrada de un competidor que amenaza su hegemonía, sobre todo porque éste tiene los derechos de contenidos que actualmente transmiten los canales de Telecorporación Salvadoreña (TCS) y otras televisoras que hacen la falaz campaña del “juego limpio”.

Por cierto, algunas de las figuras de televisión que participan en la cruzada del “juego limpio” están siendo investigadas por cometer delitos sexuales. Reconocidos animadores y presentadores televisivos, locutores de radio, prominentes empresarios y políticos habrían participado como clientes de una red de trata y prostitución infantil.

Pero –para no desnudarlos– el Fiscal ya puso reserva total del caso, contrariando la opinión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). El Procurador David Morales sostiene que debe revelarse los nombres de los miembros de la red de trata y de los clientes, protegiendo siempre la identidad de las víctimas.

Volviendo a la actitud valiente de la Superintendenta, que resiste la actuación ilegal de la “junta de directores” y la presión de los grandes medios, vale plantear la urgencia de transparentar la asignación de todas las concesiones del espectro radioeléctrico. Así lo solicitaron el pasado 20 de junio diputados del FMLN, quienes proponen crear una comisión especial legislativa.

Lo mismo exigió la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) a la Fiscalía. La demanda pide investigar todas las anomalías cometidas en la asignación de frecuencias radioeléctricas, durante todas las administraciones de la SIGET. Pero el Fiscal Luis Martínez no actúa.

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