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Redacción Nacionales
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Los más de tres años del régimen de excepción y la serie de violaciones a los derechos humanos son motivos de preocupación de la comunidad internacional. Ana Miranda, diputada del Parlamento Europeo y vicepresidenta de Eurolat, manifestó que Nayib Bukele no es un presidente democrático, porque bajo el argumento del combate a la seguridad y delincuencia se ha encarcelado a muchas personas de forma injusta.
“Se ha producido una represión absoluta en el estado de El Salvador, también hay un cierre del espacio cívico que existía ya con bastantes dificultades, pero bajo una mirada de seguridad el presidente Bukele lo que ha hecho es convertirse como el solucionador de ciertos problemas, mientras tapaba intentaba callar con toda la represión que se produjo en el país y las detenciones a más de 109,519 personas que estuvieron en las cárceles”, aseguró la diputada en el Barcito FM.
La diputada dijo que El Salvador está bajo una dictadura, por ello desde el Parlamento Europeo han trasladado las problemáticas, tanto del agua, como la situación de las mujeres, vulneración a los periodistas y medios independientes, las ONGs que bajo la Ley de Agentes Extranjeros pretende anularlas.
Según Miranda existen grupos de extrema derecha que avalan el gobierno de Bukele y lo alaban como el gran defensor, por ejemplo, cuando las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo, denuncian la represión en El Salvador, quien sale a defender a Bukele son los grupos de extrema derecha.
“Algo tiene que ver con todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo, en la geopolítica, y vulneración de derechos humanos, vemos la influencia de Trump en unas elecciones como Honduras recientemente o lo que ha pasado también en El Salvador, lo que nosotros pretendemos también es tener una serie de presión a la Comisión Europea y los estados miembros de la Unión Europea donde viven ciudadanos salvadoreños y así se lo trasladamos también a las distintas asociaciones para seguir denunciando”, reiteró.
Externó que El Salvador tiene un apoyo en muchas fuerzas progresistas, entre las que se encuentra el Grupo de los Verdes Alianza Libre Europea, para seguir denunciándose a represión y seguir abriendo espacios de solidaridad y defensa del espacio cívico.
Manuel Pérez Rocha, investigador del Instituto de Estudios Políticos de Washington, explicó que tienen conocimiento de jóvenes de 20 años de edad, capturados injustamente a quienes han dejado morir por enfermedades y falta de alimentos, a pesar que sus familiares se encargan todos los días de conseguirles comida y medicamentos para sus enfermedades, pero ni siquiera saben si les van a llegar o no.
“Hay una necesidad enorme de documentar por qué el Estado es tan cruel, el Estado del régimen de excepción de Bukele es tan cruel de dejar morir a los jóvenes que están encarcelados de esa manera y, por supuesto, adultos también, aunque lo hace para que no salgan a testificar lo que está pasando adentro en las cárceles, es un estado de secretividad alarmante”, aseguró.
Consideró que este secretismo no solamente agrava el escrutinio público a escala internacional, sino que genera un inmenso dolor para el pueblo salvadoreño el estar perdiendo a familiares en estas condiciones.
Mientras tanto, la abogada Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), no sólo ha tenido que enfrentar el tema de violaciones, sino también ha sido víctima, debido a persecuciones políticas tuvo que exiliarse de El Salvador.
Asimismo, destacó que el segundo mandato de Bukele es inconstitucional, y los defensores de derechos humanos han elevado la voz en los sistemas de protección de Derechos Humanos universal, europeo y regional, lo cual, al gobierno no le ha parecido y en respuesta ha encarcelado y criminalizado a una gran cantidad de personas.
“Ahora, por deporte meten a la cárcel a defensores de Derechos Humanos. Tenemos no menos de 20 compañeros que en cuestión de meses han ido a parar a las cárceles, entre ellos sindicalistas, integrantes de la Alianza El Salvador en Paz, líderes de la Comunidad El Bosque que defienden la tierra, la abogada Ruth Eleonora López, el abogado Enrique Anaya y los defensores de Santa Marta”, sostuvo.
La directora del SJH manifestó que la organización tiene documentada por lo menos 468 fallecidos en las cárceles, personas capturadas quienes han sido víctimas de homicidios agravados o muertes por negación de tratamiento médico; así como 3 mil procesos de personas inocentes y 20 mil personas en desaparición forzada en todo el sistema carcelario.
“Hemos agotado la sede nacional, denunciando a los funcionarios públicos en esa cadena de responsabilidad, esto no les ha gustado, en respuesta lo que hacen es perseguirnos, inventarnos delitos, cuando lo único que nosotros y nosotras hacemos es nuestro ejercicio de defender a los humanos”, reiteró Escobar.
Peter Nataren, líder de Comunidad Santa Marta, detalló que en el caso de los ambientalistas de Santa Marta, existe una serie de violaciones sistemáticas a un debido proceso, el cual ha finalizado en un momento donde no se logra obtener una resolución escrita en firme.
Las autoridades han informado que la postergación se debe a que los jueces están constantemente en talleres, uno de ellos ha sido seleccionado estos días para dirigir los juicios masivos de la gente detenida bajo el régimen de excepción, que son más de 90 mil personas.
“Los jueces han justificado las razones y han ido dejando la resolución que se iba a entregar después de varias postergaciones, este 28 de noviembre, pero la han dejado para el 19 de diciembre, pero no va a haber margen para hacer apelaciones en este proceso”, mencionó.
Una de las prácticas fundamentales del régimen es poder sacar a estas personas que son liderazgos históricos y han sido emblemáticos en la lucha contra la explotación minera en Cabañas, sacarlos del rol que es fundamentalmente guiar a la gente en defensa de sus derechos humanos, de sus territorios y el agua.
