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En diciembre del año pasado, el Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó la propuesta de incremento del salario mínimo realizada por el Gobierno, en la cual se contemplaba un ajuste salarial que establece como límite inferior los 200 dólares y, como superior, los 300 dólares.
El 1 de enero del presente año dicha propuesta entró en vigencia, y el salario se vio incrementado para los diversos sectores económicos de nuestro país. Con esta nueva aprobación el salario para el sector agrícola alcanzó los 200 dólares, el del sector textil alcanza los US$295 y US$300 para la industria, comercio y servicios. Este incremento representa un beneficio para 367,863 hogares, que representan el 19.9% del total de hogares en el país.
Con este incremento se buscaba aliviar el bolsillo de la clase trabajadora y retribuir de alguna forma la enorme explotación y desigualdad existente, por lo que en el sector de la industria, y del comercio y servicios, el salario se incrementó US$53.40 dólares y US$48.30 respetivamente, alcanzando los US$300 ambos sectores, en cuento a la maquila, el incremento mensual fue de US$84.10, llegando a los US$295, y en el caso del sector agrícola tendría un salario de US$200, por lo que el aumento mensual ha sido de US$81.80.
Este aumento al salario mínimo venía a ser un logro para la clase trabajadora que por años ha luchado por un salario justo y que le permitirá tener acceso a los servicios básicos, como salud, educación, agua, luz, etc.
A la fecha dicho incremento al salario mínimo se ha visto contrarrestado por la eliminación de subsidios en algunos de los servicios básicos de la Población. El Gobierno, siguiendo la receta de los organismos financieros internaciones como el Fondo Monetario Internacional, anunció diversos recortes (o focalización, como le han hecho llamar) en diversos servicios que son básicos y necesarios para sobrevivir, como lo es el agua y la energía eléctrica, además del gas propano.
Esto responde a un menú de medidas perversas elaboradas por estos organismos financieros (FMI, BID, BM), las cuales como siempre afectan a la mayor parte del pueblo salvadoreño, que con sacrificios logra acceder a estos servicios, y como siempre buscan afectar en lo más mínimo a los grandes empresarios.
El primer anuncio de reducción de subsidios o focalización se realizó en septiembre del año pasado, afectando el subsidio al gas propano, que dañaría a un total de 30,687 hogares. Durante los primeros seis meses (septiembre 2016 – febrero 2017) en que se puso en marcha la focalización del subsidio, más de 1,000 hogares salieron del padrón de beneficiarios del subsidio que proporciona el Gobierno.
En septiembre de 2016 el número de hogares que contaban con el subsidio era de 1,190,852 y para febrero de este año dicho número se había reducido a 1,189,709. En el año 2016, el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, desembolsó US$50.6 millones para este subsidio. Para este año se han presupuestado US$40 millones, con lo cual se pretende ahorrar unos US$10.6 millones.
Por otra parte, en febrero de este año el Gobierno aprobó una reforma al reglamento de la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía, la cual reduce la cantidad del subsidio que reciben más de 1 millón de hogares en su factura de energía eléctrica.
Los cambios establecen un techo de US$3 al subsidio para hogares entre 1 y 60 kilovatios hora (kwh) por mes, y de hasta US$4 para quienes consuman entre 60 y 99 kwh al mes.
Con esta nueva focalización del subsidio a la electricidad, los beneficiarios estarán segmentados y, además, recibirán menos subsidio, ya que anteriormente la Ley FINET establecía un subsidio de hasta el 89.5% de la diferencia entre el monto facturado y el valor de referencia del precio total establecido en la ley, por lo que el Estado estaba obligado a pagar subsidios mayores a 4 dólares.
Por ejemplo, un hogar que contaba con él, le calculaban el monto de la siguiente manera: el consumo por la tarifa normal vigente y el consumo por la tarifa del subsidio, se le restaba la tarifa subsidiada a la tarifa normal y el Gobierno subsidiaba hasta un 89.5% de esa diferencia. En el caso de una factura con tarifa normal de US$17 y tarifa subsidiada de US$7, la diferencia eran US$10, de los que el Estado subsidiaba US$8.90; por tanto, en lugar de US$17, el usuario pagaba US$8.10. Pero con la reforma, el máximo del subsidio a recibir será de US$41.
Según el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, el Gobierno pretende bajar al menos 120 millones de dólares con la focalización del subsidio a la energía eléctrica y al gas propano.
Otro de los subsidios que fue focalizado es el del agua, el mismo presidente de ANDA, Marco Fortín, expresó que la implementación del recorte del subsidio del agua responde a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, de racionalizar la focalización de los subsidios.
Con esta medida se busca ahorrar entre 1.5 a 2 millones de dólares mensuales, ya que según el funcionario cada mes se dan entre US$6.5 y US$6.7 millones mensuales en subsidio al agua.
Como siempre se castiga a aquellos sectores más vulnerables, que con dificultad logran tener acceso a estos servicios básicos, a costa de sacrificar otros gastos. Y si bien es cierto existe una mejora que el salario mínimo en los diferentes sectores, pero esta se ve contrarrestada ya que ahora las personas deben pagar más por tener acceso a la energía eléctrica, al gas propano y al vital liquido, como lo es el agua.
Es más, quienes ya ganaban un poco arriba del salario mínimo (sectores de capa media baja), fueron mayormente afectados, pues han tenido que soportar la rebaja en los subsidios, y sin haber recibido un aumento salarial que les permitiera, al menos, paliar, el aumento de las facturas.
No es posible que se siga afectando a las grandes mayorías siguiendo las recetas de estos organismos financieros neoliberales, que buscan proteger los intereses de los grandes oligarcas y que sea al pueblo al que se le pase la factura.
Además, con estas medidas no se resuelve nada, sino que solo se daña a la población más necesitada. Se deben realizar medidas que en verdad traigan solución a la problemática de las finanzas públicas del Gobierno, como en combate a la evasión y elusión fiscal, una renegociación de la deuda y comenzar a discutir el tema de devolverle al Banco Central su política monetaria, entre otras.
1. http://www.laprensagrafica.com/2017/02/20/ejecutivo-recorta-subsidio-a-la-energia-electrica
