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Luis Ponce
Diario Co Latino
La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) presentó una demanda para que sean investigados los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Florentín Meléndez, debido a que consideran que no ha sido ético su comportamiento, de cara a la medida cautelar contra el SITRAMSS.
Margarita Posada, representante de ASGOJU, expuso que en ocasiones anteriores los magistrados habían dado razones para no admitir un recurso de este tipo y de un momento a otro terminaron haciéndolo. “Tampoco han dado, a nuestro punto de vista, las argumentaciones necesarias para que esta medida cautelar se justifique. El hecho de que el magistrado González haya dicho de que porque él iba a estudiar quemaron un bus y Blanco dijo que o todos en el suelo o todos en la cama, esos no son argumentos que justifiquen una medida de esta naturaleza, que ha afectado ya el funcionamiento de una posibilidad de transporte con muchos beneficios para la población”, agregó.
“Ellos han salido como partidarios de derecha, hablando incluso de las quemas de buses y no es ese el papel de un magistrado, sobre todo de la Sala, debe ser de altura. Nosotros lo que queremos es que realmente responda a lo que la Constitución de la República les mandata. Ellos quedan como muy cuestionados”, remarcó Posada.
ASGOJU señala pues que la actitud de los magistrados es transgresora del orden constitucional, pues según señalan, ponen a disposición de sectores partidarios o privados las leyes del país, ya han puesto varias denuncias pero ninguna ha prosperado. Esperan que el Tribunal de Ética Gubernamental se pronuncie a favor de la demanda pues no puede ser que funcionarios públicos estén sobre la ley, sobre todo, ellos que deben velar por el respeto a la Constitución.
Según Leonel Herrera, los magistrados han transgredido el art. 4 de la Ley de Ética Gubernamental, es el principio de supremacía del interés público, es decir, los funcionarios deben poner el interés colectivo por encima de los particulares, en este caso que haya un moderno sistema de transporte es el interés público y el privado el de los empresarios que recurren a la Sala para boicotear el SITRAMSS.
Otro principio violentado por los magistrados es el de imparcialidad en el proceder y la imparcialidad en el ejercicio de la función pública. “Pensamos que una medida cautelar implementada en venganza, en represalia, porque les piden que se recusen, violenta este principio”, dijo Herrera. Sumó también el principio de legalidad, es decir, los magistrados deben actuar apegados a la Constitución y las Leyes en el marco de sus facultades legales.
“Nosotros consideramos que, en la investigación del caso que haga los magistrados de ética gubernamental, pueden encontrar otras irregularidades, otras violaciones a la Ley de Ética, pero nosotros por lo menos les señalamos estos tres. Pedimos que admitan está demanda, que se realice toda la investigación necesaria y que se aplique la sanción correspondiente, en este caso lamentablemente sólo se contemplan sanciones económicas”, concluyó Herrera.
