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RT
El recrudecimiento de la violencia contra los líderes sociales en Colombia no cesa. El pasado martes, fueron asesinados dos activistas en zonas rurales del país suramericano.
Uno de ellos, de nombre Jaiber Alexander Quitumbo Ascue, de 30 años, pertenecía a una comunidad indígena en el resguardo de Toribío, ubicado al norte del departamento del Cauca, en el suroccidente del país.
Quitumbo fue ultimado la mañana del pasado martes en la Vereda Vichiquí mientras trabajaba en su parcela, a 50 metros de su casa, adonde llegaron hombres desconocidos y armados que le propinaron diez impactos de bala, recoge Pacocol.
Según las comunidades indígenas, en 2019 fueron asesinadas 83 personas en sus territorios a lo largo del país, recoge Radio Súper Popayán. Estos grupos denuncian la presencia de narcotraficantes en sus zonas.
El Cauca se encuentra entre los departamentos con mayor concentración de cultivos de coca. Además de la existencia de laboratorios para el procesamiento de sustancias ilícitas.
– Lo sacaron de su pueblo para matarlo –
Samuel Federico Peñalosa, de 60 años, fue sacado de su pueblo por un grupo armado y asesinado en Altos de Tamaná, en el municipio del Nóvita, en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.
La Séptima División del Ejército Colombiano emitió un comunicado donde se afirma que se encuentran investigando el caso y que aún no han recibido una denuncia formal.
Peñalosa, cuyo cadáver fue encontrado en el río Tamaná, había presidido el Consejo Comunitario de Nóvita hasta diciembre pasado, cuando culminó su periodo.
Con esta nueva víctima, el número de activistas asesinados asciende a 20 en lo que va de año.
En el mismo departamento, en el municipio Boyajá, la población ha alertado sobre la presencia de unos 300 integrantes de las Autodefensas Gaitanas de Colombia (AGC), mejor conocidas como el Clan del Golfo.
Al denunciar esta toma, el reconocido líder social Leyner Palacios fue amenazado de muerte, por lo que el Gobierno colombiano lo recibió y anunció que 70 uniformados se sumarían a los 600 militares que integran el batallón que se encuentra en Bojayá. Sin embargo, estas acciones son criticadas por quienes consideran que la militarización no es la solución para atacar la raíz del problema.
– Llamado de la ONU –
Frente a este repunte acelerado de la violencia contra líderes sociales y excombatientes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a través de su portavoz, Mart Hurtado, ha manifestado su preocupación por el significativo número de defensores de los derechos humanos que han sido asesinados en 2019.
«Llamamos al Gobierno para que investigue cada uno de los casos y enjuicie a los responsables», ha afirmado el organismo en una publicación en Twitter.
La oficina que dirige Michelle Bachellet ha registrado 107 asesinatos de líderes comunitarios durante 2019 y se encuentra analizando trece casos que ocurrieron el mismo año que, de ser confirmados, llevarían la cifra a 120. En 2018 se registraron 115 víctimas, según la Oficina de Derechos Humanos en Colombia.
Desde 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las extintas FARC, han sido ultimadas 777 personas, según informe de (Indepaz).
