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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa reforzó con $37.4 millones a la Defensa Nacional para apoyar a la Policía Nacional Civil en el combate a la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, no se especificó montos ni partidas. Esta asignación forma parte de un total de $359.9 millones que se destina a varias instituciones del Estado.
El oficialismo y aliados aprobaron un reforma a la Ley de Presupuesto 2025 para reforzar con $359.9 millones a diversas instituciones del Estado para cumplir con sus “necesidades de gastos de funcionamiento”.
Laura Michelle Arce, subdirectora general del presupuesto del Ministerio de Hacienda, señaló en la Comisión de Hacienda que “actualmente existen varias instituciones del sector público que tienen diferentes necesidades de gastos de funcionamiento que han surgido durante la ejecución del presente ejercicio fiscal, por lo que no disponen de cobertura presupuestaria, siendo en este momento, impostergables e ineludibles brindarles el apoyo financiero para poder cumplir con todo sus objetivos y metas institucionales”.
Arce sostuvo que esas necesidades han surgido en el presente ejercicio fiscal, por lo cual, no estaban contempladas cuando se aprobó el presupuesto 2025.
El monto se distribuirá entre 15 entidades como el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con $116 millones; Seguridad Pública y Justicia que recibiría $48,5 millones; otros $37.47 millones para el Ministerio de Defensa Nacional, $38.73 millones para Salud y $16.1 millones para Gobernación.
También, se destinarán $1,100,000 para el Ministerio de Trabajo; $3,800,000 para el Ministerio de Cultura y otros $20,000,000 para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mientras que al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte se le asignan $57,500,000 y $4,130,000 para el Ministerio de Turismo.
Las asignaciones también cubrirán necesidades de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral con un monto de $700,000, Relaciones Exteriores por $2,500,000. Además, se incorporarán $11,400,000 para la Fiscalía General de la República; $1,300,000 para la Procuraduría General de la República y $700,000 para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Los fondos totalizan $359,900,000, los cuales provienen de excedentes tributarios registrados hasta octubre de 2025, gracias al Plan Antievasión, facturación electrónica y mayor dinamismo económico. De este excedente se incorporarán un total de $209,930,000. Asimismo, señaló que el restante, equivalente a $150,000,000, proviene del endeudamiento interno mediante colocación de títulos valores en el mercado nacional bajo autorizaciones legislativas otorgadas en 2024 y 2025.
Según Arce, los fondos se distribuirán en sectores clave como Educación, Seguridad y Salud. En el ámbito educativo se invertirá en tecnología para mejorar los aprendizajes relacionados con la Ley Crecer Juntos. En Salud, los recursos se enfocarán en ampliar la oferta, cobertura y calidad de los servicios médicos, con un énfasis en prevención de enfermedades.
Para el MOP, se destinan dichos recursos para continuar con la ejecución de proyectos de infraestructura pública y que están enmarcados en una estrategia de movilidad y logística que facilite la movilidad de las personas y la transitabilidad de los suministros.
Para el caso de Seguridad Pública, se utilizarán para “continuar apoyando las acciones encaminadas a garantizar la seguridad publica a nivel nacional, con el objetivo de lograr un desempeño policial eficaz y un sistema penitenciario integral, así como para fortalecer la gestion de la ciberseguridad del sector público”.
En el caso de la Defensa Nacional se fortalecerá la capacidad operativa en zonas vulnerables y se apoyará el Plan de Control Territorial, con el propósito de colaborar con la PNC en el combate a la delincuencia y el crimen organizado.
Los fondos para el MAG se utilizarán para ejecutar el proyecto de fortalecimiento de la capacidad logística de abastecimiento de productos a precios justos para puntos de enlace comercial, en la que se fortalecerá la operatividad de los 61 puntos (agromercados) que ya se encuentran funcionando”.
En el ramo de Gobernación, los recursos se destinarán para el fortalecimiento institucional, con el propósito de seguir articulando la planificación, el ordenamiento y el desarrollo territorial sostenible, así como la coordinación de acciones para la prevención de riesgos y la mitigación y respuesta inmediata ante desastres y emergencias”.
Por su parte, la FGR, la PGR y PDDH recibirán fondos para mejorar la justicia y la defensa de los derechos humanos.
En Turismo, se asignan para posicionar a El Salvador como destino internacional mediante la organización de eventos; mientras que los fondos para Cancillería, se asignan para fortalecer la presencia diplomática y la cooperación internacional del país, consolidando su liderazgo global.
Para el ramo de Cultura, se asignan para la organización y desarrollo de eventos culturales, así como la remodelación de la infraestructura teatral y fortalecimiento del inventario de libros y colecciones literarias de la BINAES. Para el Ministerio de Trabajo, se asignan para el fortalecimiento institucional que permitan continuar asegurando el cumplimiento de los derechos laborales a través de la supervisión y aplicación de la normativa en materia laboral.
Para el TSE, se destinan los recursos “para fortalecer la inconstitucionalidad del ente electoral que permita continuar garantizando la administración de procesos electorales democráticos, así como el derecho de organización de los ciudadanos y partidos políticos”.
Aunque Arce mencionó para qué serían utilizados, no especificó los programas o proyectos específicos. Los legisladores tampoco hicieron cuestionamientos a la funcionaria.
