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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
El pasado 15 de enero, la Junta Directiva de la Asamblea legislativa autorizó la publicación en algunos periódicos, la
convocatoria para que los aspirantes al cargo de procurador general de la República presenten su solicitud para participar en el proceso de elección y demás documentación requerida conforme a ley.
Dicha convocatoria se lleva a cabo de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 98 del reglamento interior de la asamblea legislativa, el cual expone que “la asamblea hará del
conocimiento público el inicio del proceso de elección de los funcionarios, con el propósito de recibir las propuestas de los
candidatos, las que deberán presentarse, por lo menos sesenta días antes de que concluya el período de los funcionarios en el cargo”.
Los interesados deben presentarse en horas hábiles a la recepción de correspondencia oficial del congreso salvadoreño, entre los documentos a presentar en esa unidad, su hoja de vida y los atestados que comprueben el cumplimiento de los requisitos para el cargo.
Hasta la fecha se han presentado cinco aspirantes de los cuales solo cuatro cumplieron con la documentación necesaria para participar en el proceso de selección y entrevistas que la sub comisión creada por el órgano legislativo llevara a cabo posterior a la conclusión del período establecido para recibir los documentos.
Haroldo Mendizabal y Samuel Hurtado son dos de los profesionales del derecho que aspiran a dirigir la procuraduría general de la República (PGR) que a la fecha presentaron todos sus documentos para participar en el proceso, la fecha límite para presentarlos es el lunes 11 de
febrero a las cuatro de la tarde.
Para ser procurador general, según el artículo 192 de la Constitución de la República se debe cumplir los mismos requisitos que un magistrado de cámara de segunda instancia, es decir, ser salvadoreño, del estado seglar, mayor de treinta y cinco años, abogado de la
República, de moralidad y competencia notorias; haber servido una judicatura de primera instancia durante seis años o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos ocho años antes de su elección.
