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Mauricio Arriaza Chicas, Director de la Policía Nacional Civil enfrentó este martes la audiencia inicial en su contra. Foto Diario Co Latino/ @SECPrensaSV.

Arriaza Chicas sostiene que no ha cometido ninguna ilegalidad

Joaquín Salazar
@JoakinSalazar

Vamos a demostrar que no hemos cometido ninguna ilegalidad, son momentos coyunturales políticos que hay que esperar que esos límites de atribuciones entre órganos de Estado se respeten y lo que venimos a buscar es un juicio objetivo, imparcial y que todo sea en base a un debido proceso legal y no a coyunturas políticas”, sostuvo el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, entidad que realizó la audiencia inicial cuyo fallo será dado a conocer este día.

La Fiscalía General de la República (FGR) externó que el director de la Policía incumplió una orden de la Comisión Especial para Investigar la colocación y destino de fondos en Letes, Bonos y demás títulos valores emitidos por el gobierno de El Salvador dictada el 30 de septiembre en el que se ordena citar con apremio al Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por lo que el ministerio público solicitó que se decrete instrucción formal con medidas alternas a la detención, como no salir del país, fijar un lugar de residencia y presentarse periódicamente al juzgado de instrucción.

Rodolfo Delgado, abogado defensor del director de la PNC, sostiene que lo establecido por la FGR no fue objetivo, ya que se omitieron muchas diligencias de la investigación. De acuerdo a Delgado se presentó una relación de los hechos que no es clara, concreta y no da señales de actos específicos que el director de la PNC haya incumplido. Por tal razón, la defensa pidió el sobreseimiento definitivo para el proceso judicial.

Los abogados manifestaron que no existe la figura de incumplimiento de deberes y que la imputación es defectuosa, porque no se le notificó al ministro de Hacienda que sería citado por apremio. También, tendría que analizarse si la orden fue emanada legalmente o si el hecho de llevar por apremio a un funcionario público, como lo es el Ministro de Hacienda, no caería en el delito de privación de libertad por funcionario o empleado público, sostuvo la defensa.

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