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“Es la primera vez en más de tres décadas que el país experimenta un fenómeno similar, y bajo una administración política no vinculada con golpes militares”
Redacción Nacionales
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En lo que va del año 2025, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró el desplazamiento forzado de 43 periodistas por razones de acoso y miedo a ser detenidos, de acuerdo al informe sobre el exilio del periodismo salvadoreño en 2025 “La curva del silencio”.
Más de treinta años después de la Firma de los Acuerdos de Paz, personas e instituciones son nuevamente perseguidas por sus ideas, por la defensa de derechos humanos básicos o, incluso, por su posición ganada dentro de la sociedad en el ejercicio de sus profesiones.
Los periodistas que han salido del país pertenecen, en su mayor parte, a medios de comunicación independientes o digitales, que se han mantenido críticos y acuciosos ante la presente administración gubernamental; publicando sólidas investigaciones que han evidenciado corrupción gubernamental, conflictos de interés, uso patrimonial del Estado, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, entre otros.
La APES registró entre enero y el 9 de junio de 2025 la salida temporal o definitiva de 43 periodistas, en razón del ejercicio de su profesión; siendo el primer caso reportado el 1 de marzo, 31 de los 43 periodistas que salieron de El Salvador para resguardar su integridad física lo hicieron en el mes de mayo, a razón de prácticamente uno cada día.
La salida de los periodistas coincide con el arresto de defensores de derechos humanos, detenciones de empresarios del transporte colectivo, represión de la manifestación de los cooperativistas y aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.
El 32.5% fueron periodistas mujeres, cuya mayoría de edades oscilan entre los 40 y los 50 años; mientras que, el 67.4% correspondió a periodistas hombres entre los 40 y los 50 años, lo cual indica que el éxodo de periodistas salvadoreños está conformado en su mayor parte por profesionales con una carrera media, en algunos casos bastante consolidada, con más de una década de experiencia en medios.
El perfil de los exiliados lo componen dos profesionales que se identifican como “colaboradores” de medios, tres comunicadores, y el resto como periodistas.
La mayor parte de los periodistas que salieron del país, trabajaba en un medio digital, específicamente 28 casos, seguidos por cinco “freelance”. El grueso de los periodistas que salieron del país lo constituyen profesionales que laboraban para medios que, en muchos casos, se han caracterizado por investigaciones de alto impacto en temas relacionados con la corrupción estatal y las violaciones a los derechos humanos.
Sobre los motivos de la salida de periodistas, el 85% de los afectados explicó que el principal motivo fue por una posible orden de captura en su contra.
“Durante el mes de mayo ocurrieron cuatro arrestos de defensores de derechos bajo los delitos de desórdenes públicos, peculado y lavado de dinero; sentando un mal precedente para las personas que se dedican al mismo trabajo, o similares”, indicó la APES.
El desplazamiento forzado de periodistas al exterior, en cinco meses y 9 días del año 2025, triplicó los casos de todo el 2024. La situación para el ejercicio de la profesión periodística en El Salvador se ha complejizado más después del primer semestre de 2025, luego del arresto de defensores de derechos humanos, y un clima de incertidumbre y temor generalizados entre el gremio periodístico y las organizaciones de la sociedad civil.
La salida forzada de periodistas del país implica un fuerte riesgo de un apagón informativo, que ya ha dejado ver sus primeros signos, con una reducción del flujo informativo dentro de los medios digitales independientes, que desde meses atrás ya habían experimentado un primer obstáculo en su sostenibilidad debido al recorte o anulación de fondos de la cooperación de los Estados Unidos (USAID), hacia las organizaciones implementadoras que trabajaban con medios de comunicación.
“El desplazamiento forzado de periodistas implica una pérdida considerable para la construcción de una sociedad más justa y democrática, al tratarse en su mayoría de profesionales con más de una década de ejercer y con experiencia en investigaciones de largo aliento en medios digitales independientes”, reiteró la Asociación.
Los medios digitales han sido los más afectados por el éxodo de periodistas.
El acoso a periodistas de parte de miembros de los cuerpos de seguridad evidencia un patrón de vigilancia a las residencias particulares de los comunicadores mediante engaños.
La entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros implica una amenaza real de una mayor criminalización del ejercicio de la profesión periodística; y contra la integridad física y mental de los y las periodistas salvadoreños.
Mientras tanto, el desarraigo de los periodistas está afectando a núcleos familiares extensos que, en algunos casos, se han convertido en desplazados forzados que acompañan a los comunicadores.
Paralelo a la salida de periodistas, existe un número aún no determinado de activistas y defensores miembros de organizaciones de la sociedad civil que también han abandonado el país por razones de seguridad; los cuales habían mantenido desde años atrás un perfil crítico y de búsqueda de incidencia a las afrentas a los derechos humanos, desarrollando en ocasiones labores que le competen a la administración pública, tales como registro de vulneraciones a estos.
Desde al menos cinco años atrás la sociedad ha visto reducidas sus posibilidades informativas debido al cerco de opacidad que el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha encargado de erigir en los temas relacionados al quehacer público. La población salvadoreña enfrenta actualmente una disminución del flujo informativo, así como de espacios de auditoría y participación ciudadana y de defensa de derechos.
La APES considera fundamental dejar un registro y análisis de la situación que los periodistas salvadoreños enfrentan actualmente.
Esta no es, ni será, la primera vez que la sociedad salvadoreña, los profesionales del periodismo y la sociedad civil organizada deban detenerse, esperar, abrazarse y repensar estrategias colectivas que fortalezcan la democracia, y las decisiones libres e informadas.
Según la APES, la prensa salvadoreña enfrentó ataques y desafíos más complejos desde 2019 hasta 2024, durante el primer período presidencial de Nayib Bukele, con el intento de control del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que, hasta ese momento, había sido un organismo garante de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), donde cualquier ciudadano podía acudir a exponer su caso.
A partir de ese año, y con la pandemia por COVID-19 de por medio, tanto el acceso a la información pública, como los mecanismos de auditoría ciudadana empezaron a reducirse drásticamente.
El 1 de mayo de 2025, el periódico digital El Faro publicó una extensa entrevista con dos cabecillas de la pandilla Barrio 18, quienes brindaron detalles sobre las negociaciones del gobierno de Nayib Bukele con los cabecillas de las dos principales pandillas en el país, dando nombres de funcionarios que participaron, fechas y eventos.
El 12 de mayo un grupo de cooperativistas que se manifestaban pacíficamente en contra de una orden judicial de desalojo de sus hogares, en las cercanías de la residencia particular de Bukele, fueron reprimidos por policías y miembros de la Policía Militar. Dos de los cooperativistas, quienes a su vez ejercían labores de defensa de derechos, fueron arrestados y aún permanecen detenidos.
El suceso fue utilizado por Bukele para revivir una amenaza latente desde 2021, una Ley de Agentes Extranjeros, que impone un 30% de impuesto sobre cualquier fondo monetario recibido por organizaciones de la sociedad civil, y que fue aprobada apenas una semana después.
La nueva ley impone sanciones de $100,000 y hasta $250,000 para organizaciones que no se registren en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) o que reciban fondos desde el exterior sin estar registrados.
El 18 de mayo de este año, la reconocida abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción de la organización defensora de derechos humanos Cristosal, Ruth López, fue arrestada de noche, en su hogar, y violando su derecho a la dignidad. López fue, hasta el momento de su captura, una de las voces más críticas y autorizadas respecto a temas relacionados a los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas.
Tres semanas después, otra persona de alto perfil crítico y con reconocimiento en círculos profesionales nacionales e internacionales, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, fue detenido en su hogar.
Si bien estos sucesos fueron de conocimiento público, de forma paralela, pero en buena parte en silencio, inició una crisis de similares dimensiones entre organizaciones de la sociedad civil y periodistas, un éxodo que no ha terminado.
