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Redacción Nacionales
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La fundación CRISTOSAL manifestó que el 22 de diciembre de 2025, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera informó que los abogados defensores de los militares acusados en el caso El Mozote, apelaron la decisión de llevar el caso a juicio.
Esta apelación busca frenar o revertir el avance del proceso contra el exministro de Defensa, Guillermo García, señalado como máximo responsable de la masacre, y 12 oficiales del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador; ahora, será la Cámara de lo Penal de San Miguel, quien decida si mantiene la decisión del juzgado o la cambia.
La jueza de Instrucción de San Francisco Gotera notificó el 26 de noviembre de 2025, que el caso de la masacre El Mozote y sitios aledaños fue finalmente elevado a fase plenaria, lo cual abre el camino para la programación de la vista pública a corto plazo.
Este paso refleja el incansable trabajo de sobrevivientes y familiares que, durante 44 años, han luchado por su dignidad y sostenido la búsqueda de justicia frente a un Estado que, una y otra vez, ha intentado cerrarles la puerta de la verdad y asegurar impunidad a favor de los perpetradores de este crimen de guerra y de lesa humanidad.
“Este caso posee una enorme cantidad de pruebas y fundamentos legales claros para pasar a su etapa final de juicio, esperamos que la decisión de la Cámara esté apegada a la justicia y se avance en la superación de la impunidad que ha prevalecido más de cuatro décadas en este caso”, expresó CRISTOSAL.
A los militares de les atribuye los delitos de asesinato, asesinato tentado, incendio, violación y coacción agravada, por su participación en la operación militar en diciembre de 1981 en la cual se exterminó a más de mil civiles, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, representa la mayor masacre perpetrada en América Latina en el contexto contemporáneo.
El avance del caso ha sido posible a la prueba testimonial brindada de forma valiente por las personas sobrevivientes, así como los resultados forenses sobre los fragmentos óseos recuperados bajo la coordinación y análisis del Equipo Argentino de Antropología Forense, aunados a los peritajes técnicos impulsados por la acusación particular, integrada por CRISTOSAL y Tutela Legal.
Pese a los obstáculos, el proceso judicial incorpora prueba contundente sobre los hechos y la cadena de responsabilidades de los oficiales acusados. La justicia para las víctimas de este atroz crimen es un deber ineludible del sistema de justicia salvadoreño.
