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Montevideo (Mesa Américas),/Sputnik
La organización Amnistía Internacional (AI) declaró el lunes presa de conciencia a la exfiscal guatemalteca Virginia Laparra, sometida a juicio luego de ocho meses encarcelada sin derecho a prisión domiciliar, tras denunciar casos de corrupción en el Ministerio Público.
“La exfiscal Virginia Laparra es una presa de conciencia y debe ser liberada inmediata e incondicionalmente. Su detención responde a un patrón de persecución contra personas operadoras de justicia, comprometidas con la lucha contra la impunidad”, afirmó en redes sociales la directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas.
El Tribunal Octavo de Sentencia abrió el lunes el debate oral y público contra Laparra, exjefa de la Fiscalía contra la Impunidad (FECI) en el departamento de Quetzaltenango, acusada de abuso de autoridad por denunciar en 2018 al entonces juez de Mayor Riesgo, Lesther Castellanos, por presunta filtración de información reservada.
“Guatemala tiene un sistema de justicia y yo tengo la esperanza de que sí funcione”, declaró la jurista a reporteros locales previo al inicio del debate.
En la sesión intervino contra la jurista la organización de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que también actúa como acusadora en procesos abiertos contra otras siete operadoras de justicia y contra el periodista José Rubén Zamora, quienes tienen en común sus revelaciones sobre la corrupción en el actual Gobierno.
El abogado Raúl Falla, titular de la FCT y designado por el Gobierno de Estados Unidos por obstrucción de la justicia, acusó a Laparra de politizar la justicia para afectar a jueces, pero la imputada replica que es criminalizada únicamente por haber pertenecido a la FECI y ejercer su derecho de defensa.
La exfiscal fue capturada por la Policía Nacional Civil el pasado 23 de febrero, en seguimiento a un caso investigado por la Fiscalía de Asuntos Internos, y se le negó en dos oportunidades la posibilidad de seguir el proceso en arresto domiciliar.
El Ministerio Público de Guatemala y su titular, la fiscal general Consuelo Porras, son duramente cuestionado por organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras por su persecución contra operadores de justicia que denuncian casos de corrupción en la administración del presidente Alejandro Giammattei.
