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Por Leonel Herrera*
El pasado 11 de enero se cumplieron tres años del espurio proceso judicial contra los líderes comunitarios de Santa Marta, acusados sin pruebas de cometer un asesinato en 1989, al final de la guerra civil salvadoreña. Proceso que, el tiempo y los hechos han demostrado, es una criminalización y persecución debido a su activismo ambiental y oposición a la minería metálica.
Las capturas se realizaron después de que los defensores ambientales alertaron sobre una serie de señales de que el actual gobierno pretendía derogar la prohibición de la minería y plantearon al país la necesidad de cerrar filas ante la mortal nueva amenaza extractivista.
La acusación fiscal se basaba en el relato contradictorio de un testigo oculto bajo régimen de protección, quien primero dijo que presenció el hecho y después que le contaron lo sucedido: un “testigo de chambre”, como bien lo llamó un reconocido abogado de derechos humanos. No hubo cuerpo del delito y ningún elemento de prueba adicional que compensara la ausencia del cadáver de la supuesta víctima.
Los activistas ambientales sufrieron terribles condiciones carcelarias que los tratados internacionales califican como “crueles, inhumanos y degradantes”: falta de agua, alimentación y medicinas; hacinamiento, insalubridad y violencia psicológica y física.
Durante ocho meses estuvieron recluidos en bartolinas policiales y judiciales y en centros penales en Ilopango, Quezaltepeque, Santa Ana e Izalco, hasta que en septiembre de 2023 recibieron arresto domiciliar como medida sustitutiva a la prisión preventiva. Esto se logró gracias a la presión de Santa Marta y el movimiento ambiental respaldados por centenares de organizaciones de Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Sudáfrica y Australia.
En octubre de 2024 fueron sobreseídos definitivamente por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque. Por unanimidad, las tres juezas integrantes de dicho tribunal establecieron que era imposible la acción penal debido a la prescripción del supuesto delito.
Sin embargo, empeñada en condenar a los líderes ambientalistas, la Fiscalía apeló y logró que la Cámara Penal de Cojutepeque anulara la resolución y ordenara repetir el juicio en el Juzgado de Sentencia de San Vicente, violentando así el principio elemental del debido proceso penal según el cual “nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa”.
Después de varias postergaciones, el referido tribunal realizó finalmente la nueva vista pública a finales de julio de 2025. El resultado del segundo juicio fue la absolución para todos los procesados debido a la falta de pruebas: la representación fiscal no pudo probar la existencia del delito y menos aún la participación de los acusados en su cometimiento.
El fallo absolutorio fue presentado de manera oral dos meses después, en septiembre. Inocentes y doblemente absueltos, los activistas antimineros debieron recuperar plenamente su libertad y reincorporarse a sus labores comunitarias y de defensa de los ecosistemas. Pero no, el tribunal no entrega el documento del fallo y el caso no se cierra.
El Juzgado de Sentencia de San Vicente ha suspendido cuatro veces la entrega del escrito, por tanto los plazos procesales no se aplican y el fallo no está firme. La última de estas postergaciones fue el pasado 9 de enero y los jueces establecieron como nueva fecha de entrega el 30 de este mismo mes.
Los familiares de los ambientalistas, Santa Marta y las organizaciones sociales consideran que se trata de una “estrategia dilatoria” que busca alargar durante el mayor tiempo posible el caso para “hacer sufrir a los procesados, a sus familias y a su comunidad”. Por eso advierten que denunciarán a los jueces ante la Corte Suprema de Justicia.
Ojalá que, por el bien del país, la sensatez y el sentido de justicia se impongan para que el Tribunal de Sentencia de San Vicente no posponga más la entrega escrita del fallo absolutorio y que la Fiscalía se abstenga de apelar. Así tendremos nuevamente a los ambientalistas de Santa Marta defendiendo el agua, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones gravemente amenazadas por la posible reactivación de la tenebrosa minería de metales.
Ojalá que así sea.
*Periodista y activista ambiental.
