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Por Leonel Herrera*
Los líderes comunitarios de Santa Marta han sido absueltos por segunda ocasión. Ayer, el Juzgado de Sentencia de San Vicente los declaró inocentes y los absolvió de todos los delitos imputados, confirmando así el sobreseimiento definitivo que ya había otorgado otro tribunal hace casi un año.
En octubre de 2024, el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque decretó sobreseimiento definitivo a los activistas ambientales, pero -por petición de la Fiscalía- una cámara de segunda instancia anuló el fallo y ordenó repetir el juicio en otro tribunal.
El fallo absolutorio del Juzgado de Sentencia de San Vicente confirma la inocencia de los ambientalistas, estableciendo que la Fiscalía no pudo demostrar la existencia de los supuestos delitos ni la participación de los acusados.
Como plantea la Comunidad Santa Marta en un comunicado difundido hoy, la resolución del tribunal vicentino no sólo es la decisión “legal y justa”, sino que constituye “un acto de valentía frente a la cooptación de la mayoría de instancias del sistema judicial y los intereses extrajudiciales que están detrás de este espurio proceso penal..” Ojalá que más jueces y juezas tuvieran la misma entereza y valentía.
Como punto aparte puede señalarse el despiste de los jueces al plantear la posibilidad de una demanda civil, a pesar de no existir una condena penal. Ningún juez puede mandar a compensar los daños por delitos a quienes acaba de declarar inocentes y absueltos de esos mismos delitos. Es incongruente y absurdo, además de ilegal e injusto.
Por lo demás, el fallo absolutorio confirma que el caso era falso y que el proceso judicial no era más que una instrumentalización de la justicia restaurativa y transicional para criminalizar al activismo ambiental y perseguir a la resistencia comunitaria contra la minería metálica.
Los líderes ambientalistas de Cabañas son inocentes y han sido absueltos. Sin embargo, la lucha sigue. Sigue porque la sentencia todavía no está en firme, ya que la Fiscalía -siguiendo su guión malévolo- podría apelar para intentar anular nuevamente el fallo absolutorio. En tal sentido, Santa Marta y las organizaciones nacionales e internacionales que la apoyan no deben bajar la guardia y estar atentas.
La lucha sigue porque la Fiscalía podría montar un nuevo caso contra los ambientalistas absueltos, perseguir a otros líderes comunitarios o tomar represalias contra quienes han apoyado la lucha por la libertad de los activistas antimineros.
La lucha sigue porque la amenaza de la minería metálica se mantiene. Los ambientalistas que denunciaron la reactivación minera han sido liberados, pero la ominosa Ley General de Minería Metálica aún no ha sido derogada. Por tanto, se necesita una mayor acción ciudadana para restablecer la prohibición definitiva que fue resultado de un amplio consenso nacional por la protección del agua y la continuidad de la vida.
La lucha sigue porque otros defensores de derechos humanos, sindicalistas, activistas sociales y líderes comunales siguen detenidos ilegal e injustamente y en condiciones crueles, inhumanas y degradantes. Dos de ellos, Ruth López y Enrique Anaya, han recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas que el Estado salvadoreño aún no ha cumplido.
También está Alejadro Henríquez, Ángel Pérez, Fidel Zavala, Eugenio Chicas, los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz y otros presos políticos. Frente a estos casos también es necesaria la presión y movilización ciudadana.
Y la lucha también sigue porque el país se encamina hacia una serie de crisis ambientales, económicas, sociales y políticas: del agua, alimentaria, de la salud, de las condiciones de vida de la gente, de endeudamiento público, de las pensiones….y de mayor autoritarismo, que sólo la ciudadanía informada, activa y sin miedo podría evitar que terminen de consumarse.
*Periodista y activista ambiental.
