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Redacción Nacionales
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El caso de los cinco ambientalistas procesados en El Salvador continúa abierto, pese a haber sido absueltos en dos ocasiones por tribunales de sentencia. La Fiscalía ha interpuesto una nueva apelación ante la Cámara Penal de San Vicente, lo que podría derivar en la repetición del juicio y prolongar un proceso que defensores califican como persecución judicial, denunció el ambientalista Peter Nataren.
Los acusados ya habían sido absueltos previamente, primero en 2024 y, luego, en un segundo fallo que reafirmó su inocencia. Sin embargo, la insistencia fiscal mantiene el caso activo y abre la posibilidad de que llegue incluso a instancias de casación.
Repetición de juicios y cuestionamientos legales
Defensores del caso advierten que se estaría vulnerando el principio de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. A pesar de ello, la Fiscalía continúa utilizando recursos legales para intentar revertir las absoluciones. “Lo que buscan no es justicia, sino desgastar a quienes defienden el medioambiente”, señaló Nataren, de la Comunidad Santa Marta, en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.
El caso ocurre en un momento clave, marcado por la vigencia de la ley que permite la minería en el país y por recientes acuerdos comerciales internacionales. Según Nataren, existe una relación directa entre la judicialización de líderes comunitarios y el interés por facilitar proyectos extractivos, especialmente en zonas como Cabañas, donde ya se reporta compra de terrenos por empresas vinculadas históricamente a la minería, y hoy por el acuerdo firmado entre El Salvador y Estados Unidos.
El ambientalista reveló que la empresa Agrícola San José ha comprado más de 200 manzanas de tierra en zonas con potencial minero, con participación de capital extranjero, incluyendo financiamiento regional a través del Banco Atlántida, un banco hondureño que también tiene acciones en unas de las AFP.
Acuerdo con Estados Unidos bajo la lupa
El reciente acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y El Salvador ha generado nuevas alertas en la comunidad Santa Marta y que, consideran, también debería generar preocupación entre los salvadoreños. Aunque públicamente se presenta como un tratado de comercio recíproco, análisis preliminares, dijo Nataren, sugieren que incluye cláusulas para facilitar prácticas peligrosas para el país.
“Con este acuerdo comercial, El Salvador tiene que someterse a los Estados Unidos para facilitar la investigación, la exploración, la extracción y la exportación de los minerales, que irán a parar la reserva a Estados Unidos”, dijo Nataren, al citar el artículo 6.2 firmado a finales de enero del presente año.
Este acuerdo podría comprometer recursos naturales del país y subordinar su explotación a intereses externos, agregó.
El factor “torio” y posibles implicaciones geopolíticas
Uno de los elementos más sensibles revelado por Nataren es la posible existencia de torio en territorio salvadoreño, un mineral asociado al desarrollo de energía nuclear. Aunque no hay confirmación oficial concluyente, estudios y testimonios de exploraciones pasadas sugieren concentraciones en zonas volcánicas.
De confirmarse, esto colocaría al país en el radar de potencias interesadas en desarrollar nuevas tecnologías energéticas.
Mientras tanto, comunidades y organizaciones ambientales insisten en que la verdadera disputa no es solo legal, sino territorial y social. Advierten que la minería podría agravar la crisis hídrica; además, existe riesgo de desplazamientos forzados y también se incrementa la presión sobre líderes comunitarios
El caso de los ambientalistas refleja un conflicto más amplio: el choque entre modelos de desarrollo, intereses económicos y derechos comunitarios. Con una ley minera vigente, acuerdos internacionales recientes y procesos judiciales en curso, el panorama apunta a una escalada de tensiones en los próximos años entre las comunidades y el Gobierno.
