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Bogotá / AFP
Los negociadores del histórico pacto de paz en Colombia alertaron a la ONU sobre un intento del gobierno de Iván Duque de «lesionar gravemente» los acuerdos que pusieron fin al conflicto de medio siglo con la exguerrilla FARC.
Los delegados de las FARC y del gobierno del expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos enviaron una carta al secretario general del organismo, Antonio Guterres, en la que cuestionan las objeciones y reformas anunciadas por el presidente Duque al sistema de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que juzgará los crímenes más graves cometidos durante el prolongado enfrentamiento.
«Expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas», señalaron.
En un mensaje al país, Duque anunció el domingo que objetará ante el Congreso seis de los 159 artículos de la ley que regula la JEP, considerada la columna vertebral del pacto negociado durante cuatro años en La Habana.
Asimismo, anticipó que presentará un proyecto de reforma constitucional para modificar tres puntos del estatuto que dio origen a la justicia de paz y que fue avalado por el Congreso en 2017 y por la Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna.
Duque, quien no cuenta con una mayoría asegurada en el Congreso donde deben ser aprobadas sus propuestas, asumió el poder con la promesa de modificar los compromisos de paz por considerarlos indulgentes con exrebeldes de FARC acusados de graves delitos.
– «Apuñala» la paz –
La justicia de paz prevé que guerrilleros y militares que se sometan a su jurisdicción puedan recibir penas alternativas a la prisión a cambio de que confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y nunca más vuelvan a ejercer violencia.
Para los exnegociadores, Duque «persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados» sobre el funcionamiento de la JEP.
La carta dirigida a Guterres está suscrita por 117 personas, incluidos delegados del gobierno de Santos y de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de políticos, académicos y activistas de paz.
De su lado, el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) sostuvo que «solicitará de forma inmediata» la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la comunidad internacional para evitar que la paz «sea destrozada» con la determinación de Duque de objetar la ley.
«Con esta decisión que apuñala el corazón del Acuerdo de Paz, Colombia se convierte en (…) un país sin palabra ni seriedad que incumple ostentosamente sus obligaciones», indicó la exguerrilla en un comunicado.
Los cambios anunciados por Duque apuntan principalmente a modificar en parte el compromiso que impide la extradición a Estados Unidos de miembros del ahora partido FARC que hayan incurrido en delitos después de la firma de la paz.
Asimismo, pretenden excluir de beneficios penales a responsables de delitos sexuales contra menores y a quienes reincidan en actividades criminales.
Respaldado por la ONU, el pacto de paz condujo al desarme de unos 7.000 combatientes y ha evitado la muerte de unas 3.000 personas al año. Desde el año pasado los máximos responsables de la exguerrilla comenzaron a comparecer ante la justicia de paz.
