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Redacción Nacionales
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Carlos Flores, representante del Foro del Agua, denunció que tanto Alejandro Henríquez como Ángel Pérez, están con quebrantos de salud mientras guardan prisión injustamente, por defender a los habitantes de la Comunidad El Bosque, Santa Tecla, La Libertad, al ser amenazados de desalojo.
José Ángel Pérez casi ha perdido la audición del oído derecho y sufre dolores constantes de cabeza, mientras que, Alejandro presenta un problema en la piel, por ello, en tres ocasiones se han pedido examenes médico, ly que a jueza los autorizó así como una reunión con la defensa, el pasado lunes.
“Centros Penales los envió a Medicina Legal a las 6:30 a.m. y los trasladó en un bus que transportaba reos, que estuvo circulando por San Salvador, lo que impidió ubicarlos y evitó así que se reunieran con la defensa”, denunció el ambientalista Carlos Flores.
Flores detalló que la defensa ha optado por el juicio abreviado, lo cual significa que Alejandro y Ángel aceptan lo indicado en el requerimiento fiscal, con lo que buscan una posible condena de 3 años de prisión, que serían cambiados por trabajos de utilidad pública, de acuerdo con el Código Penal. Esta petición se hizo hace tres meses, pero la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha resuelto su aceptación o no.
La Cooperativa El Bosque sigue atemorizada, pues, posterior a los hechos del 12 de mayo de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) ha mantenido vigilancia constante, lo cual significa que aún buscan a líderes para intentar apresarlos, es decir, la persecución continúa.
Según Flores, Alejandro Henríquez, como vocero y abogado del Foro del Agua, llevaba muchos casos de las Juntas de Agua que ahora están desatendidas, y por lo tanto, les interesa que continúe detenido.
Henrríquez también era vocero del movimiento Reverdes y lideraba una campaña territorial contra la minería metálica en El Salvador.
Flores consideró que la detención de ambos defensores de derechos humanos es persecución política por parte de la Fiscalía.
La defensa presentó múltiples arraigos ante la jueza, así como pruebas de descargo, incluyendo testimonios de personas reprimidas y videos, pero la jueza de Paz de Santa Tecla no quiso revisar las pruebas y arraigos, y ordenó enviarlos a prisión.
“La acusación de la FGR se basó únicamente en el testimonio del vigilante de la residencial Las Piletas, quien dijo que cerró el portón por temor durante la represión. Para la Fiscalía, esto constituye desórdenes públicos, y la negativa de Alejandro y José Ángel a ser capturados se interpreta como resistencia agresiva”, sostuvo.
El Foro del Agua señaló que esta organización representaba un espacio de articulación incómodo para el gobierno, ya que se está llevando a cabo un proceso de despojo de tierras y agua a la gente más empobrecida del país, para ello era necesario silenciar las voces que defendían el territorio.
