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La mañana del viernes de la semana pasada, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, anunció que daba por finalizado el Convenio de Cooperación Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), el convenio “insigne” del presidente Nayib Bukele, con el que se convirtió en la campaña electoral en el paladín de la lucha contra la corrupción.
Delgado manifestó que el cese de la CICIES se debe a que la OEA anunció al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, como asesor de dicha entidad.
Lo anterior, al parecer, es la excusa perfecta, pues, lo que ha ocurrido de verdad es que este organismo, al presidente Bukele, le salió como el tiro por la culata, pues seguramente no esperaba que esta trabajara en casos de corrupción contra miembros de su mismo Gobierno.
Aunque es de recordar que la CICIES no se creó con las garantías suficientes para desarrollar una labor contra la corrupción de forma independiente y verdadera; a pesar de que fue creada bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA), era una entidad que iba a estar bajo las órdenes del presidente Bukele. De ahí que muchas organizaciones de la sociedad civil pusieron en duda la efectividad de la famosa comisión, y no dudaron también en que la misma solo era para salirle al paso a un ofrecimiento de campaña política electoral de Bukele, sin ningún interés real de crear un ente para prever y combatir la corrupción en su quinquenio.
Y en efecto, las primeras instrucciones que el mandatario dio a su CICIES fue retomar los casos de supuesta corrupción ya judicializados, como el de la presa El Chaparral, entre otros. Por lo anterior, la sociedad civil propuso a la Asamblea Legislativa anterior, que creara una verdadera CICIES, pero bajo los auspicios de la ONU, tal como se creó en Guatemala, la cual, incluso, ha investigado presidentes.
La CICIES creada por Bukele no solo era de Bukele, sino que estaba al servicio de Bukele.
Extrañamente, ante diferentes denuncias de la Sociedad civil de posibles actos de corrupción en el manejo de los fondos para atender la pandemia de COVID-19, la Fiscalía ordenó allanamientos en el Ministerio de Salud y se reveló, tras la protesta del propio presidente Bukele, que el allanamiento se había originado por sospechas de corrupción documentada por la CICIES. Luego se supo que la CICIES interpuso en la Fiscalía cerca de doce avisos de casos de posible corrupción de funcionarios del gobierno de Bukele, la mayoría vinculados con los fondos para atender la pandemia.
Bukele, con el control de la Asamblea Legislativa creó una ley para blindar a sus funcionarios que han manejado los fondos para la Pandemia. Se trata de la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de COVID-19”. Es decir, Bukele blindó a sus funcionarios mencionados por actos de corrupción, lo importante es la ley, y el blindaje de los suyos, por lo que la CICIES ya le era “incómoda”.
Y qué mejor excusa para deshacerse de la creación de la CICIES, su propia creación, que el nombramiento de Ernesto Muyshondt, exalcalde arenero de San Salvador, hoy en prisión, por haber sido nombrado asesor del secretario general de la OEA.
Más allá de lo infantil que parezca Bukele, al reaccionar de forma caprichosa al anular la CICIES por el nombramiento de Muyshondt, lo cierto es que a Bukele nunca le ha interesado, ni le interesará el combate a la corrupción, pues simplemente lo utilizó como tema de campaña ante el adormecimiento del electorado salvadoreño.
