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Por: Leonel Herrera*
Benito Lara está procesado por supuestas negociaciones con pandillas y fraude electoral. Junto a este ex diputado del FMLN y ex ministro de Seguridad del gobierno de Salvador Sánchez Cerén también están enjuiciadas otras personas, entre éstas el ex alcalde arenero de San Salvador, Ernesto Muyshondt y el periodista Paolo Luers.
El objetivo en este texto no es determinar si Lara y compañía son responsables o no del cometimiento de los delitos imputados. Eso le correspondería a un sistema judicial independiente e imparcial, que lamentablemente no existe en El Salvador.
El propósito aquí es apuntar la “doble moral” que significa el hecho de que los acuse una fiscalía y tribunales de justicia al servicio de un gobierno que también está señalado de pactar con pandillas y negociar, entre otras cosas, apoyo electoral, a cambio de dinero, beneficios carcelarios y otros favores gubernamentales.
El periodismo de investigación ha revelado que personeros del actual gobierno han negociado con pandillas en diferentes momentos y que esos acuerdos han sido fundamentales para lograr las grandes apuestas políticas de Nayib Bukele: ganar la Alcaldía de San Salvador en 2015, llegar a la presidencia de la república en 2019 y obtener la mayoría legislativa en 2021.
Vale recordar que esa mayoría parlamentaria obtenida de manera espuria le permitió a Bukele destituir al fiscal general que investigaba, entre otras cosas, las negociaciones de su gobierno con las maras (También le permitió cambiar a los magistrados de la Sala Constitucional y despedir a un tercio de los jueces, aprobar todas las leyes que ha querido y endeudar al país por miles de millones de dólares sin ningún control).
El periódico digital El Faro ha publicado fotografías, audios, videos y documentos del propio sistema penitenciario que confirman que funcionarios de Bukele negociaron con pandillas. Dichas negociaciones han sido judicializadas en una corte en Nueva York, donde están acusados Carlos Marroquín, director de Tejido Social del Ministerio de Gobernación y Osiris Luna, director general de Centros Penales y Viceministro de Seguridad.
En un reportaje publicado por El Faro, Marroquín afirma, en unos audios de llamadas telefónicas, que él personalmente llevó a Guatemala a jefes pandilleriles que fueron liberados ilegalmente como parte de los referidos acuerdos. El medio digital también reveló que, en agosto y septiembre de 2022, Luna acudió a la Embajada de Estados Unidos para ofrecer información sobre las negociaciones con las maras a cambio de un “asilo de lujo”.
Pues, este régimen que ha negociado y pactado con pandillas acusa, a través de su fiscalía y tribunales serviles, a Lara, Muyshondt y otros políticos opositores de pactar con pandillas. Una fiscalía y tribunales independientes e imparciales también estarían procesando por los mismos delitos a funcionarios del actual gobierno.
Además de la “doble moral” del régimen y sus secuaces fiscales y judiciales, la acusación contra Benito Lara y compañía es un claro ejemplo de “justicia selectiva”. El régimen monta acusaciones contra algunos ex funcionarios y políticos opositores, y contra otros no. ¿Por qué?
Por ejemplo: de de ARENA procesa a Muyshondt, pero no a Gustavo Villatoro y otros que ahora son parte del actual gobierno; y del FMLN acusa a Lara, pero no a José Luis Merino, Orestes Ortez, Roberto Lorenzana y otros sospechosos de apoyar tras bambalinas al régimen.
La selectividad fiscal y judicial consiste en perseguir por “corruptos” o por “negociar con pandillas” a ex funcionarios críticos, mientras se hace del ojo pacho con posibles corruptos o negociadores con pandillas que son parte del actual gobierno, lo apoyan o -al menos- no lo critican públicamente.
Por eso el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) y otras organizaciones consideran que éste es uno más de la larga lista de casos de persecución política, que incluye a personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas, sindicalistas, abogados, políticos opositores y ex funcionarios gubernamentales y municipales.
Post data: Hoy se cumplen 100 días de la detención arbitraria de la abogada Ruth López, defensora de derechos humanos encarcelada por denunciar la corrupción, injusticias y abusos de poder.
*Periodista y activista social.
