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Saúl Méndez
Colaborador
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes), junto a diversos movimientos sociales, realizó un acto de solidaridad frente a la Granja Penitenciaria de Izalco en honor a Ruth Eleonora López, abogada salvadoreña, defensora de derechos humanos y jefa jurídica anticorrupción de Cristosal, quien fue detenida de forma arbitraria el 18 de mayo de 2025, sin orden judicial y bajo régimen de incomunicación.
El comité sostiene que, de acuerdo con los artículos 12 y 13 de la Constitución salvadoreña, en el caso de Ruth López se vulneraron derechos fundamentales como la libertad personal, la asistencia letrada y el control judicial, así como garantías establecidas en el artículo 7 sobre libertad y seguridad personal, el artículo 8 relativo a las garantías judiciales y el artículo 25.
Asimismo, aseguraron que, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que compromete a El Salvador a respetar los derechos civiles y políticos bajo la supervisión de la CIDH y la Corte IDH, estos derechos deben garantizarse a todas las personas, incluso en el contexto del régimen de excepción.
“Sus familiares tienen derechos, pero no se les están respetando en este sistema judicial, que los maltrata y no permite la visita familiar ni siquiera el acceso a atención médica”, sostuvieron.
El caso emblemático de Ruth López
La detención arbitraria de Ruth Eleonora López Alfaro ocurrió a las 23:00 horas del 18 de mayo de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional Civil la aprehendieron sin orden judicial y la mantuvieron incomunicada durante más de 12 horas, lo que constituye un caso paradigmático de persecución política en El Salvador. Tras el arresto, fue trasladada entre tres dependencias sin acceso a su defensa y, vencido el plazo constitucional de 72 horas, la Fiscalía no formalizó cargos.
El jueves 29 de mayo de 2025, abogados de Cristosal y familiares de Ruth López presentaron una demanda de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la que denunciaron su detención arbitraria.
La demanda detalla que Ruth fue capturada sin orden judicial y mediante engaños por agentes de la Policía Nacional Civil. Al momento de la detención, los agentes leyeron una supuesta orden administrativa compuesta por un breve párrafo de cuatro a cinco líneas. Este documento no fue entregado ni a sus abogados ni a su familia y no cumple con los requisitos constitucionales mínimos para una detención válida.
La medida resultó ineficaz y la defensa denunció la inacción de la Fiscalía General de la República y de la Sala de lo Constitucional frente al hábeas corpus presentado, lo que, según afirmaron, evidencia la captura del sistema de justicia por parte del Órgano Ejecutivo. A la fecha, no se ha emitido respuesta.
El 2 de junio, al presentar el requerimiento, el Ministerio Público modificó la imputación inicial de peculado a “enriquecimiento ilícito”, sin aportar nuevas pruebas. El 4 de junio, el Juzgado 12.º de Paz impuso prisión preventiva sin motivación individualizada. El 3 de julio, según informó la familia, pese a una orden judicial de mantenerla en una celda policial debido a su hipertensión, fue trasladada al penal de Izalco, quedando nuevamente incomunicada.
El 1 de julio de 2025, Ruth López fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, lo que implica que, tras un análisis exhaustivo, la organización concluyó que su detención responde a su labor en la denuncia de la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Asimismo, se destacó que el proceso presenta múltiples irregularidades, incluida la reserva total del caso, lo que ha afectado sus garantías procesales, en particular su derecho a la defensa.
Cristosal informó además que a esta cadena de irregularidades se suma una nueva actuación institucional ocurrida el 21 de julio de 2025, cuando la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia notificó a Ruth López la apertura de un procedimiento administrativo tardío sobre sus declaraciones patrimoniales de 2016. Esta acción, realizada nueve años después de los hechos declarados y dos meses después de su detención, es interpretada como un intento de subsanar retroactivamente la ausencia de indicios administrativos que respalden la acusación penal por enriquecimiento ilícito, en contravención del artículo 240 de la Constitución y de la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito, que exige agotar la fase administrativa y el juicio civil previo a cualquier acción penal.
El 22 de septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Ruth López, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en El Salvador.
La CIDH señaló que, desde su traslado al Centro Penitenciario de Izalco, permanece en condición de incomunicación, lo que agrava los riesgos para su salud. Entre las medidas dictadas, se ordena al Estado salvadoreño garantizar su integridad y salud, cesar la incomunicación y revisar la continuidad de la prisión preventiva conforme a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
“El 1 de diciembre de 2025, tras cumplirse el plazo de instrucción impuesto por el juzgado, se ordenó ampliar nuevamente el período de detención por otros seis meses, prorrogando de forma injustificada su detención provisional”, denunció Cristosal.
Según la organización Amnistía Internacional, el caso de Ruth López no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de criminalización de personas defensoras de derechos humanos.
“Estas detenciones no son hechos aislados. Forman parte de un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública. El recrudecimiento de este patrón en las últimas semanas es una clara señal de alerta sobre la velocidad con la que el gobierno de Nayib Bukele está desmantelando el espacio cívico”, afirmó.
Ruth López ha sido ampliamente reconocida como defensora de derechos humanos y profesional destacada, lo que le ha valido múltiples premios nacionales e internacionales, incluido su reconocimiento como una de las “100 Mujeres más influyentes e inspiradoras de 2024”, otorgado por la BBC. Tras su detención, su labor continuó siendo reconocida con el Premio Internacional de Derechos Humanos de la American Bar Association (ABA), el reconocimiento de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos y el premio Magnitsky 2025 como abogada destacada en derechos humanos, otorgado por Global Magnitsky Justice Campaign y la Fundación Hermitage.
Durante el acto de solidaridad, el Movimiento de la Clase Trabajadora (MDCT) y la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) recordaron que, en febrero, el Estado salvadoreño presentó en Ginebra su décimo informe sobre los avances en la CEDAW, donde se evidenciaron retrocesos en materia de derechos de las mujeres. Uno de los principales señalamientos del comité de expertas fue la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos.
“En ese punto, el comité expresó su preocupación por la detención arbitraria, la persecución, la criminalización y la vigilancia de mujeres defensoras de derechos humanos”, denunciaron los movimientos.
“Como movimiento, en el marco del Día Internacional de la Mujer, queremos decir que no hay nada que callar, pero sí mucho que exigir como mujeres”, concluyeron.
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