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Luego de pasar por todas las etapas de reclamos y apelaciones, varios empresarios han sido condenados a pagar al fisco sus respectivos impuestos y multas, las que sumadas alcanzan la cifra de 126 millones de dólares.
Sería bueno, dado que los procesos han finalizado y el monto no ha sido recuperado, que el Ministerio de Hacienda publicara el listado de los condenados a pagar, pues, dado que no hay cárcel, por lo menos una amonestación de ese tipo debería realizarse, para que sirva de escarmiento, y así, otros malos empresarios no esperen a que llegue a este etapa.
Aunque, lo más importante es que el ente Fiscal recupere, de forma inmediata esos impuestos, que tanto necesita el erario público en estos momentos. Todos los casos que pueden ser vistos en la Fiscalía, es porque terminaron sus procesos de apelaciones, es decir, ya fueron condenados por la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Además, la Constitución de la República, en su artículo 193, inciso 5, llama a la Fiscalía a “defender los intereses fiscales” del Estado.
La derecha salvadoreña, mientras estuvo en el Gobierno, estableció varios mecanismos que al final sirven a los malos empresarios para evadir los impuestos.
Esos mecanismos comienzan en la misma Dirección General de Tesorería, le sigue el Tribunal de Apelaciones de la Dirección de Impuestos Internos, y de esta a la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Una vez en esta última instancia se reafirma la condena, el caso pasa a la Fiscalía para que haga efectivo el cobro.
Muchos casos, por cierto, finalizan en la Sala de lo Contencioso, bien porque utilizan leguleyadas que favorecen al deudor del Estado, o simplemente porque cuando llega a esta instancia el caso duerme el sueño de los justos con la intención de que pase el tiempo, y así finalizar el proceso por prescripción.
Nos parece que la Fiscalía no debe demorar el más mínimo de tiempo para iniciar y hacer el cobro efectivo, pues, la condena al pago de los $126 millones es en firme, y el estado necesita de esos recursos.
Y dado que hay una tendencia a retrasar lo más que se pueda el pago de los impuestos, con la idea de no pagar, sería necesario retomar la idea del FMLN de castigar con prisión a los evasores.
Esto se vuelve urgente cuando, anualmente, el Estado deja de percibir 1,400 millones de dólares producto de la evasión fiscal.
