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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Mientras el gobierno actual niega el acceso a la información pública, impone por ley que lo que el ciudadano habla, escribe, mira, sea conocido por instancias que controla a través del sistema judicial. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo no.
El oficialismo en la Asamblea Legislativa (partidos NI, GANA, PCN y PDC), aprobó una ley para asegurar las intervenciones a las telecomunicaciones, con el fin de enjuiciar a quienes ellos crean que cometen delito en lo que expresan sus comunicaciones. Se opusieron a ello diputadas y diputados de los partidos de oposición FMLN, ARENA, NT y VAMOS.
Una de las facultades que el régimen de excepción le permite al gobierno es la intervención de las comunicaciones; este régimen se ha prorrogado por siete meses y, al parecer, el gobierno lo mantendrá de manera permanente.
La ultima encuesta del IUDOP, revela que, de cada cien personas, al menos 40 desconocen que ese decreto de régimen de excepción suspende el plazo máximo de la detención administrativa, prohíbe el derecho de asociarse libremente, de reunirse pacíficamente, y faculta a las autoridades a intervenir la correspondencia y comunicación sin orden judicial.
En otras palabras, limita y arrebata garantías constitucionales propias de la vida en un estado democrático.
Antes de la ultima decisión de transformar los juzgados en tribunales o juzgados de “garantía”, que es la última aprobación legislativa (noviembre 2022), en el acelerado trayecto que arrebata la libertad había otras reformas que quitan garantías. Curioso nombre se escogió para la transformación de juzgados y cámaras del sistema judicial, también intervenido.
La verdad es que, en la actualidad, las cosas han cambiado. Los ciudadanos y ciudadanas, frente a las redes sociales de las que forman parte, se sienten libres para expresar hechos de su vida personal, pensamientos y sentimientos, informar de sus relaciones sociales y hasta de su vida cotidiana; mientras, el gobierno se siente en libertad de ocultar todo lo que administra en materia de recursos, no rinde cuentas y declara la información de gastos con reserva de hasta siete años.
Es decir, que entre más oculta y oscura es la gestión del gobierno, más transparente es la vida de la ciudadanía; es una suerte del mundo al revés, donde lo que debiera ser publico se vuelve secreto y lo que pudiera ser privado se vuelve público, pero ahora, con esas reformas y las que anteceden, se puede convertir algunos hechos de la vida privada en pretextos para la persecución penal que el estado ejerce contra sus mandantes.
Quizá hace mucha falta un poco más de valoración de lo que ocurre, para juzgar adecuadamente la gestión del gobierno, en vez de que esa valoración de la ciudadanía sea simplemente un efecto de la propaganda gubernamental, que nos oculta lo importante y vuelve escándalo público hechos como el atropello de un gato.
En el decreto último, que reforma la ley de la carrera judicial, transforma juzgados de paz en juzgados de garantía, transforma cámaras y otros juzgados, se dice que aplicarán la Constitución, la ley de intervenciones telefónicas y otras decretos especiales; en esta última denominación está el régimen de excepción.
Convierte juzgados del crimen organizado en juzgados que operarán con hasta cuatro jueces y sus respectivos suplentes, uno de los cuales será juez de menores, lo cual viola convenios internacionales que protegen a la niñez.
Con el reordenamiento de jueces y cámaras cierran el ciclo de las reformas, con las que crean policías digitales ocultos, o para aplicarlo a quienes difundan información que ellos consideren que es propia de pandillas.
Si quedaba duda sobre el modelo autoritario del actual gobierno, con el curso de las reformas penales a las telecomunicaciones y la instrumentalización del sistema judicial, se darán cuenta que no era casual la deformación del rol constitucional de la policía, la fuerza armada, del sistema judicial.
Para eso les ha servido la mayoría legislativa. Las críticas de lo que ellos llaman minorías irrelevantes están justificadas, las acciones del oficialismo constituyen una amenaza para cualquier persona.
Los diputados que aprueban estas leyes dicen hacerlo en nombre del pueblo, pero no escuchan a quienes les advertimos que sus acciones se convertirán, algún día, en cuchillo contra ellos mismos, como ha pasado ya, aún sin estas leyes, a diputados de sus bancadas.
Con la facultad de espiar, intervenir la comunicación, estoy segura, la mayor parte de personas no estará de acuerdo. Yo tampoco. Y Espero la magnitud de este rechazo en una próxima encuesta que realicen entidades serias, como el IUDOP.
