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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) son organismos inter gubernamentales independientes que desarrollan políticas en protección del sistema financiero mundial contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.
El Salvador como signatario de tratados internacionales ha ratificado compromisos que establecen la obligación de adoptar y adecuar su normativa interna de conformidad de esos preceptos con el fin de tipificar y sancionar delitos relacionados a esas actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Desde la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se insta a los Estados a poner en práctica los estándares del GAFI , aplicados al fortalecimiento de los controles y evaluaciones financieras frente a este tipo de delitos. Henri Fino, director ejecutivo de FESPAD, manifestó que el “terrorismo” es un punto medular del cual todos los gobiernos deben estar atentos para definir la protección a sus poblaciones. Y que una de esas recomendaciones del GAFI, son las finanzas de cualquier tipo de organización no solo de la sociedad civil, sino también las empresas o cualquier grupo que nutre su patrimonio.
“Eso es obligación del Estado que estas finanzas no sean contaminadas con dinero que puede financiar el terrorismo o grupos que obtienen su dinero de forma ilícita”, dijo.
Asimismo, Fino señaló la renuencia del gobierno de El Salvador de permitir una evaluación de riesgos financieros y la aplicación de un enfoque que ha establecido el GAFI y que retoma el GAFILAT, porque la última evaluación se registró en el año 2010.
Entre las 40 recomendaciones del GAFI destaca como una de las más importantes la “protección de las finanzas públicas” y la de protección de las organizaciones que reciben financiamiento afin de que estas no sean contaminadas, explicó Henri Fino.
“A El Salvador le tocaba una evaluación de país este próximo abril de 2022, evaluación de país por el GAFI, pero han transitado al GAFILAT, buscando un margen de tiempo, porque serán evaluados hasta el año 2024”, dijo. “Por esto exhortamos a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República a dar viabilidad a la realización de la evaluación de riesgos y tomar en cuenta las recomendaciones del GAFI, que manda en su recomendación 8, la participación de las organizaciones de la sociedad civil durante el proceso”, afirmó Fino.
Mientras, Loyda Robles, directora de la Unidad de Fortalecimiento de la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD, señaló que el actual instructivo emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad de Investigación Financiera, aprobado a finales el año pasado, entrará en vigencia este próximo mayo.
Instructivo que señaló existe una especie de “amarre” en relación a los contenidos de la Ley de Agentes Extranjeros, porque esa propuesta también obliga a las organizaciones, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro a que reporten todas las transacciones que sean igual o mayor a los mil dólares.
“Eso además de otros controles en razón de los ingresos que tenemos las organizaciones de la sociedad civil. Como el hecho de guardar por 15 años los registros financieros de las transacciones que hemos realizado”, afirmó.
“Y queremos aclarar este punto, no es que desde las organizaciones de sociedad civil nos opongamos a rendir cuentas, pero estamos sujetas a la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de Lucro, a través de la cual, estamos obligados a reportar todos nuestros informes financieros”, sostuvo Robles.
Las observaciones de FESPAD, al instructivo presentado por la Fiscalía General, se relaciona en varios artículos que luego de un análisis, concluyen que están enlazados en su fondo con la pretensión del gobierno de regular la Ley de Agentes Extranjeros.
“El punto es que este instructivo incorpora algunas y en este caso la criminalización de labor de defensa de derechos humanos que realizan las asociaciones y fundaciones sin fines de Lucro, pero además, de la criminalización buscan imponer penas de prisión a las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos”, expresó Robles.
Sobre las 40 recomendaciones del GAFIT, Robles reiteró que los Estados las han ido aplicando en la medida de sus propios intereses. Por lo que el GAFI, pasado un tiempo, emitió “notas interpretativas” en relación a algunas de sus recomendaciones que han causado problemas en cuanto a la interpretación que han hecho los Estados en su aplicación de la normativa interna.
“Tras esas interpretaciones en relación a las recomendaciones, la #8 se relaciona a las asociaciones sin fines de lucro, que en el pasado se hizo una vinculación en relación al -lavado de dinero- y por esto estamos incorporadas como sujetos obligados con la Ley Contra Lavado de Dinero y Activos, por una interpretación muy amplia que hicieron los Estados, en ese momento”, reseñó.
“El GAFI dijo sobre las Organizaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, que se refería al financiamiento del terrorismo y no a criminalización, a generarles protección e identificar dentro de ese sector cual es el subsector que está realmente propenso a ser financiado por el terrorismo, que las oriente, no que las criminalice, que no emita legislación generalizada que venga a criminalizar la labor de defensa de los derechos humanos”, argumentó Robles.
Por lo que exhortaron a la Asamblea Legislativa a retomar las recomendaciones del GAFI, y realmente consultar con todos los sectores de la sociedad civil para la aprobación de marcos normativos que protejan el sector y no criminalizarlos. Y a la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una revisión detenida del Instructivo para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, que van a aplicar a las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), a partir de las recomendación 8 del GAFI y la nota interpretativa de la misma.
