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Yaneth Estrada
@caricheop
En el día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, defensora de Derechos Humanos, colectivas y organizaciones feministas consideran necesario fortalecer el acceso a servicios esenciales de salud reproductiva para niñas, jóvenes y mujeres a nivel nacional, por lo que piden a las autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) establecer una mesa de diálogo debido al incremento de un 76 % en menores de edad embarazadas, con signos de violencia sexual y feminicidios en medio de esta pandemia por COVID-19.
Keyla Cáceres (Colectiva Amorales) urgió al MINSAL instalar una mesa para hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos y sobre la despenalización del aborto, bajo las cuatro causales (cuando el propósito es salvar la vida de la mujer gestante; cuando el embarazo es producto de una violación sexual o trata de personas; cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina; cuando el embarazo es resultado de violación o estupro, en el caso de una menor).
La vocera también indicó que el Gobierno debe tomar como prioridad ambos temas que garanticen los derechos de las mujeres salvadoreñas. Esto tomando en cuenta que el Sistema de Morbilidad en Línea (SIMMOW) y la Red Nacional de Servicios de Salud (MINSAL) registraron en el periodo de enero a junio de 2020, El Salvador presentó 250 niñas embarazadas de 10 a 14 años (violación según artículo 158 del Código Penal) y 6,581 embarazos en edades de 15 a 17 años. Asimismo, el Observatorio de Violencia de ORMUSA informó que, en el primer trimestre de 2020, se atendieron 80 casos de 0 a 12 años de niñas con lesiones causadas por violencia sexual y 506 en menores de 12 a 17 años.
En este sentido, estas instancias consideraron, que la penalización absoluta del aborto en El Salvador tiene un alto impacto negativo en la salud y la vida de las niñas, jóvenes y mujeres. Actualmente hay diecinueve mujeres privadas de libertad por emergencias obstétricas en El Salvador: en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango (Cárcel de Mujeres), el CDM Zacatecoluca y la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca. De las diecinueve, un total de dieciséis tienen condenas firmes y tres tienen procesos abiertos, según datos de la Agrupación Ciudadana.
Consecuencias y procesos
También señalaron que otra consecuencia de esta legislación y la falta de políticas públicas para niñas, jóvenes y mujeres es que viven en situaciones de pobreza, enfrentando la criminalización debido a emergencias obstétricas, que fueron denunciadas y procesadas durante la pandemia, cuando otros procesos judiciales fueron suspendidos o reprogramados.
A esto se suma el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para mantener los servicios de salud reproductiva con la Resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en Las Américas”, la cual insta a Los Estados garantizar y darle continuidad de los servios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia por COVID-19.
Entre las solicitudes al MINSAL están el establecimiento de un diálogo con organizaciones sociales, defensoras de DDHH y feministas para posicionar los obstáculos que el actual sistema de salud enfrenta al existir una total prohibición al aborto, reconocer los servicios de salud sexual y reproductiva como esenciales y urgentes, emitir directrices apropiadas y adaptarlas, entre otras.
Para Roxana Rodríguez, de As Mujeres, “Esto es un enorme retroceso a nivel de país, producto de la mala gestión de la pandemia por el Gobierno, sobre todo, si tomamos en cuenta que en esos datos que reporta el MINSAL, del total de inscripciones de embarazos durante el primer y segundo trimestre de 2020 hay un sub registro, pues hay niñas y adolescentes que seguramente no han reportado sus embarazos producto de las mismas condiciones de confinamiento y para evitar cuestionamientos de las autoridades”.
