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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el sábado el requerimiento fiscal en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador en contra de siete personas que presuntamente participaron en las negociaciones con líderes de pandillas en 2014.
Arístides Valencia, exministro de gobernación; Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad; y Ernesto Muyshondt, actual alcalde de San Salvador, figuran entre los acusados por la Fiscalía General de la República por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
En el requerimiento también se incluyen a Mario Mijango (Raúl), quien fuera mediador de en la denominada “tregua” de 2012 y que ya guarda prisión por otros delitos; el columnista y analista, Paolo Lüers; y Wilson Alvarado, perfilado por la FGR como el enlace entre Arístides Valencia y los pandilleros.
También, la fiscalía requiere a Salvador Ruano, exalcalde de Ilopango, sin embargo, al haber este fallecido en julio de 2017, se extingue la acción penal en su contra por lo que en su caso el Ministerio Público fiscal pide un sobreseimiento definitivo.
Contra los primeros seis, la FGR solicitó que enfrenten el proceso en libertad bajo medidas como presentarse a la sede judicial cada quince días, abstenerse de dialogar con miembros de organizaciones terroristas y el pago de una caución económica de $100,000 a cada uno, el no pago de esta constituye motivo de detención.
“Contamos con indicios que nos arrojan la probabilidad positiva de participación en los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, entre estos indicios, prueba documental, pericial y testimonial”, resumió la fiscal Carolina Cabrera, de la Unidad contra la Corrupción de la FGR e indicó que uno de los elementos probatorios es el testimonio del testigo con criterio de oportunidad de clave “Noé”.
La fiscal explicó que solicitaron el requerimiento sin proceder a la detención antes y las medidas alternas a la detención provisional, al considerarlo “pertinente” y porque así lo faculta el Código Procesal Penal.
Arturo Cruz, otro miembro del equipo fiscal explicó que de acuerdo a lo que la FGR ha podido establecer, los políticos “se percataron de que los miembros de estructuras de pandillas tenían cierto poder para inclinar la balanza electoral”, en referencia al contexto en el que se dieron las negociaciones con pandilleros -los comicios presidenciales de 2014-.
Relató el fiscal que Arístides Valencia y Benito Lara supuestamente hicieron ofrecimientos de dinero a las pandillas a cambio de dar su apoyo a la fórmula presidencial del FMLN, compuesta por Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz, el trato también incluía hacer trabajo de convencimiento mediante coerción y amedrentamiento en las comunidades, el fiscal aseguró que también hubo decomiso de documentos únicos de identidad (DUI) a personas que simpatizaran con la fórmula del partido ARENA, compuesta por Norman Quijano y René Portillo Cuadra.
El fiscal dijo que tras una serie de negociaciones, el acuerdo se fijó en $150,000 que fueron entregados por Arístides Valencia previo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales -celebradas el 2 de febrero de 2014- tras no resultar ninguna de las fórmulas ganadora, Valencia y Benito Lara, nuevamente entregaron la misma suma de dinero para la segunda vuelta, realizada el 9 de marzo de ese mismo año.
En cuanto a Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano, el fiscal indicó que estos concretaron un acuerdo con las pandillas hasta antes de la segunda vuelta, el pacto quedó establecido en $100,000, que fueron enviados a través de Paolo Lüers. A Mario (Raúl) Mijango y al imputado Wilson Alvarado se les señala de hacer labores de coordinación y logística entre políticos y pandilleros.
La fiscalía sostiene que Salvador Ruano benefició a pandilleros incluyéndolos en las planillas municipales, es decir, estaban registrados como trabajadores de la comuna de Ilopango, “eran líderes (pandilleros) de todo el sector de Ilopango, los cuales únicamente llegaban a cobrar”, aclaró Cruz. Tras la captura del alcalde de Apopa, Elías Hernández -en 2016- por esa misma práctica, Salvador Ruano dijo a los pandilleros que se dejaría atrás la inclusión de estos en planillas de pago municipales, y que en su lugar proporcionaran datos de sus familiares para que la alcaldía erogara los fondos a sus nombres.
El equipo fiscal a cargo no dio más detalles sobre el proceso, sin embargo, adelantó que esperan que a finales de la primera semana de febrero se pueda realizar la audiencia inicial, pero que eso también pasa por la diligencia del Juzgado de Paz, el cual notificará a los imputados sobre la acusación fiscal.
