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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Walter Zelaya, asesor legal y de comunicaciones de la Fundación Inclusión para Todos, considera que a pesar de que existe suficiente marco legal, tanto nacional como internacional, referente a los derechos de las personas con discapacidad hace falta divulgación para que la población conozca sobre esta legislación.
Según el asesor legal de la fundación esta falta de divulgación y conocimiento provoca poca concientización en funcionarios, jefes intermedios y empresarios privados respecto a temas de discapacidad afecta tanto el aspecto económico como el acceso a materiales informativos.
“A parte de la falta de información a todos los niveles tenemos un problema de educación desde nuestros abuelos a la fecha, donde se reproduce un cúmulo de enseñanzas de socialización que son falsas pero continúan presentes a la fecha”, dijo Zelaya.
Estas enseñanzas a las que Zelaya se refiere son algunos “trucos” que padres y abuelos inculcaban a los niños respecto a que si no se obedecía una orden estaban sujetos a adquirir una discapacidad, lo que aún se reproduce en zonas rurales del país.
Lo anterior, según el entrevistado, constituye una discriminación hacia quienes sufren algún tipo de problema discapacitante que se convierte en un obstáculo para mejorar las condiciones de vida de este sector.
Respecto al registro de personas con discapacidad, la Fundación Inclusión para Todos expone que el mismo carece de actualidad, ya que las instituciones encargadas de ello, es decir, el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) y Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) manejan datos de 2015 y 2017, respectivamente.
“En el caso del RNPN se mantiene un dato sesgado respecto al número de personas con discapacidad que existen en el país ya que solo se registra a quienes acuden a solicitar el Documento Único de Identidad (DUI), es decir, personas mayores de 18 años”, sostuvo Fabiola Díaz, coordinadora de proyectos de la fundación.
Según datos recabados en la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad del CONAIPD, en 2016, en el país 410 mil 798 personas bajo esta condición, es decir, un 6.4 % de la población existente en El Salvador.
En 2018, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), presentó un estudio en el cual exponen que en El Salvador vive un total de 463,075 personas con discapacidad, de los que 343 mil 131 son adultos y 119 mil 944 son niños y adolescentes.
Díaz también se refirió a la ley de equiparación de oportunidades, una normativa que regula que por cada 25 personas “convencionales” las empresas privadas deben contratar a una con discapacidad, al respecto consideró que estas disposiciones no se cumplen en el país debido a que las sanciones económicas que el Estado asigna por incumplimiento de estas son demasiado bajas.
La ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad aplica una sanción de $57.14 para las instituciones públicas o empresas privadas que incumplan las disposiciones respecto a la contratación de empleados con este tipo de padecimientos.
En diciembre de 2015 se presentó un proyecto de ley en la comisión de familia, niñez, adolescencia, personas con discapacidad y personas adultas mayores de la Asamblea Legislativa para, entre otras cosas, incrementar las sanciones de 10 a 20 salarios mínimos en caso de no contratar personas con discapacidad, y la reincidencia la eleva hasta 100 salarios mínimos.
Según datos del ministerio de trabajo y previsión social, entre junio de 2015 y mayo de 2016, esta cartera de Estado impuso 3 mil 634 sanciones equivalentes a $132 mil 297.20. En cuanto a colocación de personas con discapacidad 983 fueron empleadas en ese período de tiempo (284 mujeres y 699 hombres).
La coordinadora de proyectos de la Fundación Inclusión para Todos reconoció la existencia de algunos esfuerzos en materia de empleos para personas con discapacidad, sin embargo, cuestiona que en la mayoría de los casos las plazas ofertadas no coinciden con el perfil de quienes poseen educación superior.
“Nosotros como fundación planteamos a las empresas que tienen que llevar a cabo adecuaciones para la selección de personal ya que para contratar a alguna persona con discapacidad deben elegir el perfil que se adecue a la labor a desempeñar”, explicó Díaz.
En visión de la representante de Inclusión para Todos, si una empresa no lleva a cabo estas adecuaciones no cumple con la finalidad de brindar una oportunidad laboral, ya que la persona con discapacidad se encontrará en un espacio donde no podrá desarrollar su labor de manera idónea.
Registros del MTPS arrojan que las colocaciones laborales más frecuentes respecto a personas con discapacidad son operarios de máquina industrial, empacadores, asesores de venta, auxiliares de producción, atención al cliente y auxiliares de bodega.
La fundación destaca que factores como la falta de conocimiento de la legislación vigente y de concientización constituyen un tipo de barrera que al igual que los obstáculos físicos, comunicacionales, actitudinales, entre otras, que las personas con discapacidad enfrentan a diario y que les dificulta el desarrollo integral.
A juicio de los representantes de la Fundación Inclusión para Todos, además del endurecimiento de las multas por no cumplir con la ley el Ejecutivo, debe desarrollar un programa educación y concientización para que los derechos de las personas con discapacidad sean reconocidos por toda la población en especial por los empleadores.
