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Por Leonel Herrera*
El 30 de julio de 1975 el Ejército y los cuerpos de seguridad de la dictadura militar masacraron a decenas de estudiantes universitarios, en la brutal emboscada contra una protesta pacífica que había partido del campus central de la Universidad de El Salvador (UES).
Este crimen de lesa humanidad permanece impune cincuenta años después. Para conmemorar, las organizaciones universitarias reiteraron por enésima vez la demanda de justicia y marcharon sobre la 25 Avenida Norte hasta el fatídido lugar de la matanza.
A un par de kilómetros de distancia, en las instalaciones del Centro Judicial de Segunda Instancia, el Tribunal de Sentencia de San Vicente realiza la nueva vista pública contra los ambientalistas de Santa Marta, acusados de cometer un supuesto asesinato durante la guerra civil, sin más prueba que las declaraciones contradictorias de un sospechoso testigo protegido que primero dijo que presenció los hechos y después que le contaron lo sucedido.
El caso es una manipulación de justicia restaurativa, pues se utiliza un supuesto crimen de la guerra para perseguir a defensores del medioambiente que se oponen a la reactivación de la minería metálica en el país.
El cuestionado proceso penal también es una revictimización de una comunidad que fue víctima de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. En Santa Marta, el ejército gubernamental y los grupos paramilitares cometieron masacres, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos; pero -en vez de investigar estos horrendos crímenes- la Fiscalía y el sistema judicial acusan a sus líderes ambientalistas.
Esta negativa de investigar la masacre estudiantil del 30 de julio, y otros graves crímenes cometidos por las fuerzas gubernamentales y los escuadrones de la muerte de la extrema derecha, contrasta con el abuso de la justicia para criminalizar líderes comunitarios.
La omisión de investigación, por un lado, y la instrumentalización de la justicia transicional, por el otro, marcan la tónica y la actitud del Estado salvadoreño frente a los delitos cometidos antes y durante el conflicto armado.
Con la notoria excepción del caso de los periodistas holandeses asesinados por el ejército en 1982 (y donde ya fueron condenados los responsables intelectuales y materiales), los crímenes cometidos por agentes estatales están impunes. Las actuales autoridades judiciales no sólo no investigan las masacres y demás delitos de lesa humanidad, sino que han frenado y entorpecido el juicio por la Masacre de El Mozote.
La jueza Mirtala Portillo, nombrada tras la “renuncia” del juez Jorge Guzmán, ha contaminado y desnaturalizado el proceso. Portillo, incluso, se presta a los objetivos de persecución del gobierno, procesando a Rubén Zamora. El político opositor fue acusado de complicidad con los autores de la masacre, a pesar de que él votó en contra de la Ley de Amnistía en 1993.
El caso había avanzado significativamente, pero el juez Guzmán fue relevado, entre otras cosas, por desafiar el bloqueo del acceso a los archivos históricos del Ejército y los cuerpos de seguridad estatales. Los archivos fueron bloqueados a pesar de que Nayib Bukele prometió abrirlos “de la A a la Z” y aseguró a las víctimas que tendrían justicia y reparación.
Así que el 50 aniversario de la atroz masacre del 30 de julio y la repetición del juicio contra los líderes ambientalistas de Cabañas constituyen un momento oportuno para denunciar la negativa y la doble moral del régimen bukelista frente a la verdad histórica, la aplicación de justicia, la dignificación de las víctimas y la perspectiva de no repetición.
*Periodista y activista social.
