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Víctor Manuel Valle Monterrosa
El 26 de octubre de 1960, hace 62 años, amaneció luminoso y varios días con mucha lluvia se habían ido. Radio Nacional, ese día ya en nuevas manos, daba la noticia de la salida de José María Lemus del gobierno, y eso llenó de alegría a amplios sectores mayoritarios del país.
Lemus, en menos de tres meses, desde mediados de agosto, había desatado y escalado una represión contra los sectores populares y los dirigentes izquierdistas, principalmente sindicales, universitarios y sociales. El contexto era, en lo internacional, la efervescencia causada en el continente por el comienzo de la revolución cubana y, en lo interno, una merma en la economía y un creciente descontento popular.
En paralelo a esas trayectorias en el contexto, se fraguó una conspiración en la que concurrieron personas y sectores diferentes y hasta disímiles. Incluso, el ex presidente Osorio estaba en los conspiradores contra su ungido de cuatro años antes.
Resultado. El 26 de octubre se instaló una Junta de Gobierno Cívico-Militar apoyada por una variopinta coalición ocasional. Eran 6 miembros, tres civiles y tres militares. Sus integrantes civiles eran de raíces universitarias, Fabio Castillo Figueroa era profesor de medicina, René Fortín Magaña era un abogado joven que hacía poco había sido presidente de AGEUS, prestigiosa organización gremial de estudiantes universitarios de la entonces única universidad en el país, la Universidad de El Salvador. Otro tanto podría decirse de Ricardo Falla Cáceres, abogado ex reciente dirigente universitario. Todos los civiles tenían menos de 40 años y mostraban en su trayectoria acciones de rebeldía estudiantil con ideas progresistas y por la democracia.
Los militares eran los coroneles Miguel Ángel Castillo y César Yánez Urías con el Mayor Rubén Rosales. A algunos de ellos se les señalaba con tener fuertes lazos con el ex presidente Osorio.
Con ese perfil, la Junta permitió que el nuevo gobierno tuviera la participación de personas con credenciales izquierdistas. En dos semanas habría elecciones en Estados Unidos y la llegada de Kennedy se veía inminente. Había esperanza –y quizá ilusión- de que con Kennedy el apoyo a un gobierno como el de la Junta se facilitaría.
El pueblo se alegró. El mismo día de la caída de Lemus una multitud rodeó la Penitenciaría Central, sita en la Calle Rubén Darío enfrente del Parque Bolívar, a gritar libertad para los presos políticos, algunos de ellos en condición de desaparecidos. El júbilo llegó a su clímax cuando, a través de la puerta de hierro, fueron saliendo sucios y barbados Abel Salazar Rodezno, Ítalo López Vallecillos, José Luis Salcedo Gallegos, Roque Dalton García y muchos otros. Cada liberado causaba aplausos y gritos de alegría, abrazos y una que otra lágrima. Emblemática es la fotografía de Roque en hombros saludando con abrazo a Eduardo Badía Serra, entonces dirigente estudiantil de Ciencias Químicas.
La Junta permitió el retorno de los muchos exiliados de Lemus. La derecha, entre militares y empresarios y los principales medios como el Diario de Hoy y la Prensa Gráfica, mostraban alarma por el auge de la izquierda y les preocupaba que hubiera izquierdistas en el gobierno y no veía bien las medidas de libertades tomadas.
En enero de 1961, varios universitarios fueron a Cuba a celebrar el segundo aniversario de la revolución. Desde allá, Ivo Alvarenga, como dirigente estudiantil, envió telegrama a la Junta solicitando que no se rompieran relaciones con el gobierno revolucionario cubano, como lo deseaba el gobierno de Estados Unidos.
A los pocos días, la Junta convocó a una reunión de consulta para organizar un proyecto de nueva ley electoral y elecciones libres. Todo eso aceleró las conspiraciones de derecha y al día siguiente de ese evento electoral dirigido por René Fortín Magaña, los militares Aníbal Portillo y Julio Rivera, el 25 de enero de 1961, pocos días después de la llegada de Kennedy a la presidencia de EEUU, dirigieron un golpe a la efímera Junta que, desde entonces y con mofa, fue llamada por los adversarios “la dijunta”. Se sumaron al Directorio Cívico Militar los civiles abogados Antonio Rodríguez Porth y Feliciano Avelar y el médico José Francisco Valiente.
La percibida aurora democrática había llegado a su fin. Los golpistas entraron a sangre y fuego, encarcelaron y exiliaron opositores y declararon que deseaban salvar al país del Osorio-comunismo.
Lo demás, ya es historia conocida. La dictadura instalada por Martínez se extendería otros 30 años más. Se había esfumado otra oportunidad de democratizar y desarrollar el país para la redención de las mayorías populares.
