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Por Leonel Herrera*
2025 ha sido el año de la mayor criminalización y persecución judicial por motivos políticos después de la firma de los Acuerdos de Paz. Sólo durante las dictaduras militares y la guera civil hubo situaciones similares.
A los casos de los líderes ambientalistas de Cabañas, los veteranos de la Alianza El Salvador en Paz y otros que venían de años anteriores, en 2025 se sumaron los del abogado ambientalistas Alejandro Henríquez, el pastor evangélico y cooperativista José Ángel Pérez, la abogada de derechos humanos Ruth Eleonora López y el abogado constitucionalistas Enrique Anaya.
Este año también fue detenido el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral Eugenio Chicas y el defensor de derechos humanos Fidel Zavala fue devuelto a la misma cárcel donde presenció los abusos que había denunciado públicamente.
Éste también ha sido el año del exilio forzado de decenas de periodistas de investigación, defensores de derechos humanos, activistas sociales y críticos de la dictadura, quienes debieron salir de país para evitar ser detenidos y encarcelados.
En 2025 también ha continuado el brutal régimen de excepción que, con el argumento cada vez menos creíble de la seguridad pública, mantiene detenidas a decenas de miles de personas inocentes que acumulan casi cuatro de años sin derecho a la defensa, sin ver a sus familiares y sin tener una audiencia judicial. Estas personas hoy enfrentan la amenaza de juicios masivos donde civiles inocentes serán condenadas junto con pandilleros culpables.
Én este año también sucedió uno de los episodios más bochornosos nunca antes visto en El Salvador: el secuestro de migrantes venezolanos y salvadoreños encarcelados en la tristemente célebre prisión del Centro de Confinación del Terrorismo (CECOT), donde fueron torturados.
2025 también ha sido el año de la más grave destrucción ambiental. A la reversión de la prohibición de la minería metálica, la muerte (no tan) lenta del Río Lempa y la contaminación del 95% nuestras fuentes de agua, ha seguido la depredación de diversos ecosistemas donde se realizan proyectos urbanísticos, turísticos y comericales sobre zonas de recarga acuífera, áreas naturales protegidas y hasta en zonas de riesgo de desastres.
Finca El Espino, Cordillera El Bálsamo, Volcán de San Salvador, Lago de Coatepeque, zona costera de La Unión, Lago de Ilopango y Comunidad San Francisco Angulo, destacan entre los lugares de la destrucción ambiental.
Éste también ha sido el año de la profundización del endeudamiento, la corrupción y el saqueo público. El bukelato ha llevado la deuda externa a más de 35 mil millones de dólares (más del 90% del PIB), ha tomado el 80% de los fondos de pensiones y la corrupción pública ronda los 3,000 millones de dólares, según estimaciones del periódico digital El Faro.
La falta de acceso a la información y rendición de cuentas son carácterísticas de este régimen autocrático. La lucha contra la corrupción se ha profano al convertirla en una excusa para perseguir a defensores de derechos humanos, opositores políticos y críticos del gobierno.
El 2025 también se agravaron las condiciones de vida de la mayoría de la población. 100 mil familias más cayeron en extrema pobreza, según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Multiples realizada por el propio gobierno. También ha incrementado el analfabetismo, el desempleo, el costo de la vida, la falta de acceso a la vivienda y otros problemas económicos y sociales.
Éste ha sido el año de la persecución descarada y cruel contra la gente pobre, hecho que se evidencia claramente en procesos aporofóbicos como el despojo y gentrificación en el Centro Histórico de San Salvador. 2025 fue el año de más despidos masivos de trabajadores públicos. Mientras encendía el árbol navideño, el autócrata ordenaba el despido de centenares de empleados del principal hospital público del país.
Este año también tuvimos la deportación de miles de compatriotas, algo que el gobierno ni siquiera menciona para no incomodar a Donal Trump.
2025 también fue el año de la militarización de la educación pública y la privatización de la salud mediante una nefasta normativa que permite la participación privada en el sistema de hospitales públicos.
Éste también ha sido el año de la consolidación autoritaria y dictatorial, anulación del debido proceso y la independencia judicial, el irrespeto a los derechos de la ciudadanía y la inseguridad jurídica para los inversionistas.
Frente a esta barbarie y desolación, la única alternativa es que la población despierte, pierda el miedo, se informe adecuadamente, recupere el sentido crítico, asuma una actitud ciudadana y se organice para defender sus derechos y enrumbar al país por nuevos caminos democráticos.
Sólo así se podrá obligar a este régimen a restablecer la prohibición de la minería, a no seguir destruyendo el medioambiente, a aprobar una reforma fiscal progresiva en vez de seguir endeudando al país y resolver los problemas que afectan a la población. Y sólo así podremos imaginar y contruir un nuevo proyecto de país realmente democrático, equitativo, justo, incluyente y sustentable.
*Periodista y activista social.
