20 años de conflicto por la vivienda en CIDECO, La Herradura 

Saúl Méndez

Colaborador

Luis Hernández, líder comunitario de CIDECO, La Herradura, una comunidad que durante más de 20 años ha emprendido una lucha para conseguir la legalidad de sus viviendas, relató los hechos que derivaron en la captura de su hijo, Roberto Hernández, como una forma de amedrentar a la comunidad y facilitar el desalojo forzado en CIDECO La Herradura, departamento de La Paz.

De acuerdo con abogados de UNIDEHC, a los habitantes se les estarían fabricando procesos judiciales por el delito de usurpación, pese a que las viviendas les fueron donadas tras los terremotos de 2001.

“A finales de 2001 e inicios de 2002 comenzó la construcción de este condominio. Yo formé parte del equipo de la Fundación CIDECO de El Salvador. Estaba encargado de llamar y calificar a las personas más pobres que quedaron totalmente sin nada tras los terremotos”, relató Hernández en el programa El Salvador Patria Querida, conducido por Alex Carcelero.

“Se evaluaba a familias que apenas contaban con un salario mínimo. El proyecto estaba dirigido a los más pobres del departamento, especialmente de San Luis de la Herradura, Santiago Nonualco y San Pedro Masahuat”, recordó.

Según el dirigente, el proyecto fue financiado con importantes donaciones nacionales e internacionales gestionadas por la Fundación CIDECO, integrada por empresarios salvadoreños.
“Hubo empresarios que donaron de corazón, tanto nacionales como internacionales. La Unión Europea, empresarios canadienses, distintas instituciones. También los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca, a través de FONAVIPO y otras instancias”, explicó.

Sin embargo, Hernández sostiene que parte de esos fondos fueron utilizados de manera irregular.

“Se recibió mucho dinero para ejecutar el proyecto y entregar las viviendas. Pero es una vergüenza que empresarios como los señores Moreira Guerra, dueños de una hacienda en El Porfiado y de explotaciones agrícolas, y el entonces presidente de la Fundación CIDECO, propietario del Banco Salvadoreño (hoy Banco Davivienda), junto con otros empresarios reconocidos, después de recibir todo se quedaran con el proyecto”, denunció.

El plan incluía viviendas y obras sociales como un colegio “Mano Amiga”, clínica, iglesia, casa comunal y talleres, construidos con donaciones.

“Ese colegio era para la comunidad; ahora es privado. Solo estudian quienes pueden pagar. La clínica, la iglesia y las demás áreas sociales quedaron como propiedad privada de la Fundación CIDECO y de los señores Moreira Guerra”, afirmó.

Aunque un terreno de diez manzanas fue donado para el proyecto, actualmente esas áreas están bajo dominio privado. Las viviendas, agregó, quedaron en manos del Banco Salvadoreño.

“Es un engaño para los pobres. Nos utilizaron para conseguir ayuda nacional e internacional y enriquecerse. Hoy ellos son dueños de todo y los damnificados están en la calle”, lamentó.

Según Hernández, a partir de entonces comenzaron los desalojos.

El proyecto inició formalmente tras los terremotos de 2001, durante el gobierno de Francisco Flores, y continuó en la administración de Antonio Saca.

“En la inauguración estuvo el entonces vicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt. Yo agradecí públicamente las donaciones. Amueblaron unas 20 casas para aparentar que así nos las entregarían. Cuando terminó el acto, retiraron los muebles”, relató.

Según sus datos, por cada casa la fundación habría recibido 13,500 dólares, pero solo se invirtieron 6,100 en su construcción.

En años posteriores comenzaron los procesos judiciales y las capturas por usurpación.

“Una señora humilde, Cándida Luz Sánchez, enfrentó un proceso similar al de mi hijo Roberto. No está presa porque logró presentarse antes de que emitieran orden de captura”, explicó.

El líder comunitario afirmó que lograron frenar varios intentos de desalojo con apoyo legal.

“La Fundación CIDECO intentó desalojarnos varias veces junto al banco. Detuvimos dos procesos. Como no pudieron sacarnos institucionalmente, buscaron otra vía”, señaló.

Esa vía, sostiene, ha sido la subasta de las viviendas.

“En los juzgados ya aparecen nuestras casas en subasta. Una familia compra sin conocer el conflicto y luego llega diciendo que es la propietaria. Son casas donadas al 100%, y tenemos documentos que incluso la Fiscalía conoce”, denunció.

Cuando los nuevos compradores encuentran a las familias viviendo en las casas, presentan denuncias por usurpación agravada.

“Eso ocurrió con mi hijo Roberto. El banco vendió esa vivienda y otras más están en proceso. Al menos seis podrían enfrentar la misma situación”, alertó.

Hernández explicó que su hijo fue citado por el juzgado bajo el argumento de que existía una demanda en su contra.

“Presentamos un escrito con el nombre de los abogados designados, pero en el juzgado le dijeron que no lo dejara, que solo mencionara los nombres. Entonces, no quedó registro formal”, afirmó.

Según su versión, la jueza programó audiencia para el viernes 11 de febrero sin notificar a la defensa y declaró en rebeldía a Roberto Hernández, y emitió orden de captura.

“El sábado a las 6:30 de la mañana llegó la policía sin orden escrita. Dijeron que cumplían órdenes y se lo llevaron”, relató.

Posteriormente, añadió, le informaron que la jueza únicamente requería una firma.

“Nos dijeron que solo necesitaban una firma. Entonces, ¿por qué la captura?”, cuestionó.

Ese mismo día, antes de las ocho de la mañana, Roberto fue llevado nuevamente al juzgado. Allí, sin citación formal a los abogados, la jueza le leyó un documento y le impuso 30 días de detención provisional.

“El Juzgado de Paz de Santiago Nonualco está inventando procesos. Hicieron audiencia sin su defensa, lo declararon rebelde y lo capturaron. Es una vulneración grave de derechos”, sostuvo.

Cuestionó además la actuación de las autoridades.

“Si el policía no llevaba orden escrita y solo decía que cumplía órdenes, ¿órdenes de quién? ¿Y la jueza, órdenes de quién recibe? Así se destruye el órgano judicial”.

Hernández afirmó que la comunidad vive actualmente bajo temor.

“Hoy la gente me llama desesperada; quieren irse. Antes eran las pandillas las que desplazaban; ahora es el Estado el que nos obliga a abandonar viviendas que tenemos documentadas como donadas”, señaló.

“Muchos vecinos se fueron porque creen que contra los ricos no se puede ganar”, lamentó.

El líder también recordó que hace más de una década fue procesado por usurpación y hurto agravado, acusaciones que buscaban silenciarlo.

“No lo lograron. Cuando uno sabe que lucha contra la corrupción, toma más fuerza”, expresó.

Sin embargo, el temor persiste en la comunidad.

“Los que compraron casas pueden denunciarnos por usurpación. Aunque hemos denunciado al banco por estafa agravada, siguen vendiendo las viviendas. Vivimos en zozobra”, afirmó.

Sobre la documentación, Hernández aseguró que los beneficiarios poseen escrituras.

“A algunos les dieron escrituras libres de gravamen; a otros, hipotecadas. Pero todos tenemos documentos que acreditan la donación”, indicó.

También mencionó convenios donde se establece que las viviendas eran donadas, así como documentos de FONAVIPO que asignaban 2,500 dólares por familia.

“Ese dinero lo retiró la fundación con firmas nuestras. Tenemos copias de escrituras y de donaciones como las de ‘Un Techo para mi Hermano’, que entregó 36 casas amuebladas”, añadió.

Según los convenios, el proyecto debía ser entregado a los beneficiarios al finalizar su ejecución.

“Pero al final todo quedó en manos de la Fundación CIDECO y del banco”, concluyó.