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sábado , 23 septiembre 2017
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Por primera vez ante juez español testigos de crímenes del franquismo

Madrid/PL

Asociaciones españolas de Memoria y Justicia anunciaron hoy que acompañarán a dos personas que por primera vez testificarán mañana ante un juzgado del país sobre crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1936-1975).

Un comunicado indicó que por primera vez en sede judicial dos personas declararán sobre unos hechos que cubrieron de dolor y sufrimiento sus vidas.

Celebramos que por fin en nuestro país un juez tome declaración a estas personas y condenamos que el gobierno no aplique recomendaciones de la ONU sobre principios de Justicia Universal para las victimas de los crímenes, view subraya el documento.

Este 11 de septiembre en un Juzgado de instrucción de Sevilla declararán Antonio Narváez y Antonio Martínez, cure querellantes en la causa argentina abierta sobre hechos acontecidos en España desde el 17 de junio de 1936 al 15 de junio de 1977.

Las comparecencias se realizan por petición de la jueza argentina Maria Servini, diagnosis en la única causa penal a nivel mundial abierta contra los crímenes del franquismo.

Narváez era niño cuando sus padres fueron fusilados y hechos desaparecer sus cuerpos y Martínez es hijo de padre desaparecido, cuyos restos se supone permanecen después de casi 80 años en una fosa común del cementerio de Sevilla.

Durante el franquismo se fusiló de 130 mil a 150 españoles, más de 100 mil de los cuales permanecen enterrados en fosas sin ubicar; 300 mil fueron exiliados, 270 mil encarcelados y unos 10 mil hijos de padres republicanos fueron secuestrados .

Pese a las dimensiones de la tragedia nadie ha sido condenado por esos crímenes, aunque víctimas y familiares y organizaciones de memoria histórica reclaman justicia.

Este año criticaron la actitud del gobierno español sobre el tema organismos de la ONU como el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y los relatores para ejecuciones extrajudiciales, tortura y promoción de la verdad y la justicia y la reparación.

En particular censuraron la negativa de las autoridades a extraditar para interrogar en Buenos Aires a 17 ex cargos franquistas imputados por la jueza Servini por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

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