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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Organizaciones sociales y familiares de personas detenidas injustamente durante el régimen de excepción solicitaron este lunes al Instituto de Medicina Legal un listado oficial de fallecidos dentro de las cárceles, así como las razones de su muerte, ya que miles de familiares de los reos que nada tienen que ver con pandillas, se encuentran en una incertidumbre de saber si están o no, muertos.
“Tengo un hijo de 19 años y ya tiene 8 meses de estar allí (en prisión), a la casa lo fueron a traer y me lo golpearon todo, él no estaba haciendo nada, lo tiraron boca abajo y se lo llevaron”, es el relato de Rosa Miriam Girón Cárcamo, de 37 años, una de tantas madres que denuncian la detención ilegal de sus hijos bajo el régimen de excepción, medida estatal impuesta para dar “guerra contra las pandillas”, pero que en la práctica también ha servido para cometer violaciones a derechos humanos.
Fue el 5 de octubre de 2022 que José Ismael Sánchez Girón, de 19 años, fue arrestado por agentes de seguridad tras vincularlo con pandillas, cuando no era así, relató la madre. Ahora, José Girón se encuentra detenido en un centro penal desconocido para la madre, ya que recientemente hubo traslados del penal de Izalco, lugar donde se encontraba el joven.
Además, la madre comentó que se enteró que su hijo tiene una enfermedad en los pulmones; “y yo no lo quiero muerto, lo quiero vivo, así como se lo llevaron, así lo quiero yo”. A la vez pidió a las autoridades que investiguen antes de llevarse a las personas, “por qué él (su hijo), no es delincuente”.
“A mí me da lástima su niño, porque yo no tengo cómo ayudarle (a un menor de un año y tres meses); yo ando en vueltas de mi hijo, y ya no tenemos cómo ayudarle, no tenemos para ir a dejarle el paquete (de alimento y aseo), ya no tenemos dinero, hemos gastado mucho y ya no podemos”, lamentó la madre.
Otro de los relatos fue el de Irma Echeverría, de 52 años, madre de Irvin Alexis Echeverría Mármol, otro joven capturado en mayo de 2022 bajo el régimen de excepción. Su captura tuvo lugar en la comunidad 10 de Octubre de San Marcos, cuando este iba a recoger a su hijo a la escuela. La madre comenta que su hijo no tenía nada que ver con las pandillas, por ello, acompaña a las organizaciones para luchar por su libertad, esto lo hace con el acompañamiento de sus nietos (hijos del detenido).
MOVIR, UNITRASAL y COFAPPES fueron las organizaciones quienes lideraron la solicitud del informe. Estas representan a un número considerable de familiares de personas inocentes presas bajo el régimen de excepción y también a los presos políticos que desde el año 2021 hasta la fecha se encuentran encarcelados “injustamente”.
Y es que la situación que atraviesan miles de familias que tienen a sus parientes inocentes presos y presas se agrava día con día. No cuentan con información oficial sobre el estado real de familiares en el interior de los centros penales; cada día las familias buscan información, preguntan a las autoridades y no tienen ninguna esperanza de saber a ciencia cierta si su familiar aún vive o la situación de salud que están pasando, si tienen atención médica y medicamentos en forma oportuna.
“Esta situación mantiene en seria preocupación a las familias de las personas presas inocentes pues no hay una entidad oficial que esté avisando de la situación de salud u hospitalización de los reos y reas. Hasta hoy, todo hace suponer que son asesinatos, dadas las señales que se visibilizan en los cuerpos de fallecidos, y lo más grave de todo ello es que ocurre estando las personas en manos del Estado”, señaló la carta dirigida para el director del IML, Pedro Martínez.
Al IML le corresponde realizar el reconocimiento de cadáveres, autopsia médico legal, evaluación de lesiones, estado de salud, entre otras; en ese sentido, las organizaciones y los familiares de presos solicitaron que se les proporcione el listado oficial completo de personas que han fallecido en el interior de los centros penales a escala nacional, desde que entró en vigencia el régimen de excepción, marzo de 2022 a la fecha.
“Esto nos servirá para constatar si alguna de las personas fallecidas pertenece a alguno de los grupos familiares que demandan libertad para presos y presas inocentes, pues conocemos de algunos casos donde las personas son sepultadas sin haberse corroborado su identidad”.
