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Luis Colato
Educador
Transcurridos varios meses desde que se estableciera el estado de excepción, y éste se prolongara argumentando el éxito que la tranquilidad social suponen las detenciones masivas de los supuestos delincuentes, en los diferentes penales del país, se cuela un dato que es menos presentable para el régimen en general: la muerte de varias decenas de estos detenidos.
La cifra ahora mismo parece girar en torno a las 73 personas, de acuerdo a CRISTOSAL, la que sin embargo parece aumentar de día en día.
Estas muertes, muchas más de las que se podrían explicar estadísticamente en estas circunstancias, se han esclarecido públicamente desde la vocería de centros penales como consecuencia de afecciones varias que se habrían complicado en los reclusorios.
Sin embargo, esta explicación no supera el elemental cuestionamiento de ¿por qué no se hizo lo posible por atender a tiempo a estas personas quienes habrían alertado a sus captores de su condición de salud?
En cambio, la escueta explicación para la mayoría de los fallecidos gira en torno a trastornos y complicaciones súbitas que no pudieron atenderse por lo avanzado del mal que los aquejó, y que no habían sido advertidas por alguna razón no explicada, en los diferentes penales.
Tampoco esta explicación satisface otro cuestionamiento: ¿porque no se los separó en razón de lo avanzado de los males que les aquejaba?, y ¿que se ha hecho para prevenir los altísimos porcentajes de afecciones que la población reclusa de repente padece?
Los hechos en cambio nos dirigen a otra realidad: el régimen de excepción se continúa porque es el único prospecto gubernamental que ha cosechado éxitos, al atraer una masiva aprobación de parte de la población, a pesar de las múltiples violaciones al esquema legal establecido que supone.
Es patente que el gobierno negoció con las estructuras criminales desde antes de su elección, como también lo hicieron los partidos que le precedieron.
Aunque no hay un dictamen técnico que lo sustente, las denuncias de familiares y amigos de los fallecidos describen signos de torturas en los cuerpos de estos, las que se habrían aplicado bajo detención de agentes del estado en los diferentes penales.
Cada vez más detenidos que son liberados se atreven a denunciar públicamente lo que aparentemente es una práctica generalizada en los diferentes reclusorios, la intervención de fuerzas especiales militares en la aplicación de torturas a los detenidos por razones varias.
Siendo un hecho que el aparato estatal en su totalidad esta cooptado por el oficialismo, es simplemente improbable que la institucionalidad pueda adelantar una investigación objetiva de estas denuncias, pero además debemos sumarle la extendida práctica establecida por este régimen de negar cualquier acto que constituya una flagrante violación a la normativa establecida, cuando es precisamente la cultura que lo distingue.
Por otro lado, el que el status legal de los fallecidos no se hubiera esclarecido jurídicamente, los hace, de acuerdo a la norma vigente, inocentes.
Y si son inocentes, el estado es culpable de asesinato y no puede quedar impune.
