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Redacción Nacionales
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El sociólogo Walter Fagoaga afirmó que la cadena perpetua aprobada en una primera reforma a la Constitución, la semana pasada, es una respuesta del “populismo punitivo” que se está instaurando en este país, y ante las recientes rupturas provocadas por informe con el de GIPES, que señala al gobierno del cometimiento de delitos de lesa humanidad.
Durante una entrevista Encuentro con Julio Villagrán, Fagoaga explicó que el tema de la cadena perpetua está directamente vinculado con el objetivo fundamental del sistema penitenciario: determinar si la prisión busca exclusivamente castigar o también rehabilitar. En ese sentido, recordó que el sacerdote Juan Vicente Chopín ha señalado anteriormente que la cadena perpetua puede interpretarse como “una pena de muerte disfrazada”, al limitar de forma permanente la posibilidad de reinserción en la sociedad.
Según el sociólogo, la discusión debe ampliarse hacia las condiciones estructurales que históricamente han influido en la criminalidad. Citó estudios que muestran que buena parte de la población penitenciaria salvadoreña presenta niveles educativos bajos o incompletos, lo cual refleja, a su juicio, fallas acumuladas en los sistemas de inclusión social, educación y oportunidades laborales. “Cuando una sociedad llega a niveles de encarcelamiento masivo, también hay que preguntarse qué ocurrió en sus mecanismos de integración social”, señaló.
Fagoaga sostuvo que la cárcel, en su concepción moderna, surgió como un mecanismo para privar de libertad a quienes transgreden la ley, pero con el propósito adicional de facilitar su reinserción posterior. Para explicar esta evolución histórica, recomendó la lectura del filósofo Michel Foucault, especialmente su obra Vigilar y castigar, donde se analiza el origen del sistema penitenciario como parte de las estructuras de control social en la modernidad.
La cadena perpetua no puede separarse de la función resocializadora del sistema penal. “La pregunta central es si el Estado está apostando por la reinserción o por eliminar definitivamente la posibilidad de retorno a la sociedad”, manifestó.
El sociólogo también señaló que algunos países desarrollados contemplan la cadena perpetua en su legislación, pero con diferencias importantes respecto a las propuestas que actualmente se discuten en El Salvador. En varios de estos sistemas existen mecanismos de revisión periódica de las penas que permiten evaluar el comportamiento del condenado y determinar si es posible su reintegración social.
Asimismo, explicó que en el país ya existen antecedentes de condenas acumulativas extremadamente altas, superiores incluso a los 200 años de prisión, lo que en términos prácticos equivalía a penas de por vida. En ese sentido, consideró necesario analizar si las reformas propuestas responden a una necesidad jurídica real o si forman parte de una estrategia de fortalecimiento del discurso punitivo en el ámbito político.
“Populismo punitivo”
Fagoaga introdujo el concepto de “populismo punitivo”, que describe políticas que endurecen las penas con el objetivo de generar respaldo ciudadano frente al miedo a la criminalidad. Según explicó, este enfoque prioriza la percepción de seguridad inmediata, aunque no siempre esté respaldado por evidencia científica sobre su efectividad en la reducción del delito.
En relación con el contexto nacional, el sociólogo indicó que la discusión sobre cadena perpetua se desarrolla en medio de la implementación del régimen de excepción y de un proceso de capturas masivas vinculadas al combate contra estructuras criminales.
Muchas de estas detenciones han sido acompañadas por un discurso oficial que califica a los detenidos como terroristas, lo que ha generado debates jurídicos sobre la necesidad de diferenciar entre “conductas”, actos, hecho individuales, y “condiciones” atribuidas, atribuidas al derecho penal del enemigo, que sugiere que individuos al romper su contrato social “tiene que ser considerados enemigos públicos y los pandilleros se convierten en enemigos públicos”.
“No todos los delitos pueden ser tratados bajo la misma lógica”, advirtió, al señalar que el derecho penal moderno establece escalas diferenciadas según la gravedad del daño causado.
Fagoaga también subrayó que la evidencia criminológica internacional demuestra que el endurecimiento de las penas no siempre reduce la incidencia delictiva. En el caso de los delitos sexuales, por ejemplo, señaló que estudios indican que la mayoría ocurre dentro del entorno familiar o cercano, lo que evidencia que el problema requiere estrategias preventivas más amplias que el simple aumento de las condenas.
El sociólogo agregó que otro aspecto relevante es el costo económico que implica para el Estado mantener personas privadas de libertad durante décadas, especialmente cuando alcanzan edades avanzadas. Según explicó, distintos estudios criminológicos señalan que la probabilidad de reincidencia disminuye significativamente en personas mayores de 70 años, lo que abre un debate adicional sobre la eficacia de las penas perpetuas desde el punto de vista práctico.
Durante la entrevista, Fagoaga retomó también planteamientos del filósofo Jürgen Habermas sobre la importancia del diálogo público en la construcción de políticas legítimas, señalando que las reformas penales deben surgir de discusiones amplias y fundamentadas en evidencia técnica y jurídica.
En la misma línea, mencionó los aportes del jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, quien sostiene que el derecho penal debe mantener un equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto a la dignidad humana, evitando que las políticas criminales respondan únicamente a presiones coyunturales o electorales.
Finalmente, Fagoaga insistió en que la discusión sobre cadena perpetua debe abordarse con responsabilidad institucional y visión de largo plazo. “La seguridad ciudadana es una demanda legítima de la población, pero las soluciones deben construirse sobre bases científicas, jurídicas y sociales sólidas”, afirmó.
