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Por Leonel Herrera*
Las primeras protestas ciudadanas en las que participé fueron las “Marchas Blancas”, en los años 2001 y 2002, que frenaron el intento del gobierno de Francisco Flores de privatizar la salud. Las recuerdo porque fueron masivas y porque lograron su objetivo.
Aquellas históricas movilizaciones fueron convocadas por los sindicatos de trabajadores del Instituto Salvadoreño de Seguro Social y del Ministerio de Salud y por las organizaciones integrantes de la Alianza contra la Privatización de la Salud, a cuyo llamado se incorporaron diversos sectores de la sociedad salvadoreña. Fueron las últimas protestas multitudinarias.
Ahora que el actual gobierno abre nuevamente el camino hacia la privatización de este servicio público que responde a un derecho humano fundamental, me pregunto si -a pesar de la persecución y el clima de temor- habrá una respuesta ciudadana o si esta vez sí se consumará el nefasto objetivo privatizador contenido en la nueva Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales que aprobó la bancada legislativa oficialista por orden de Casa Presidencial.
Los impulsores de la ley dicen que es para “modernizar el sistema hospitalario, unificar los servicios de salud y mejorar la atención a la población”. Sin embargo, representantes del Colegio Médico y del Foro Nacional de Salud señalan que la normativa permite la participación de privados en los servicios de salud públicos, lo cual automáticamente abre puertas a la privatización.
También denuncian que la normativa fomenta la corrupción, al poner los servicios de salud fuera del sistema de compras gubernamentales y establecer un mecanismo de fiscalización propio en el que las autoridades de la Red serían “juez y parte”. Además, advierten que la ley profundizará la concentración de la gestión pública en manos de Casa Presidencial, la instancia que nombrará al director, al presidente y a los demás directivos de la Red.
Finalmente, el gremio médico y las organizaciones sociales alertan que la nueva legislación arremete contra el personal de salud, con el propósito de desmantelar a los sindicatos y sustituir a los trabajadores nacionales por extranjeros.
Ojalá que el Colegio Médico y los sindicatos de trabajadores de la salud convoquen al país a defender el derecho a la salud y que la población reaccione ante el nefasto intento de privatización. Una de las demandas ciudadanas principales de la marcha del próximo 15 de septiembre debería ser la derogación de esta ley privatizadora de la salud.
El intento de privatizar la salud confirma el carácter privatizador del actual gobierno. En un claro giro hacia una perspectiva neoliberal más extrema, el oficialismo legislativo también acaba de aprobar una nueva Ley de Energía Geotérmica que abre campo a la inversiones privadas en la generación de energía geotérmica y podría propiciar la privatización de la estratégica empresa estatal La Geo.
Este gobierno también ha privatizado el puerto de Puerto de Acajutla, cediéndolo por ¡ciente años! a la empresa turca Yilport, en proceso de concesión realizado en total opacidad. Además, ha concesionado por 35 años la terminal de carga del Aeropuerto Internacional “Monseñor Óscar Arnulfo Romero” a Alutech, una empresa hondureña que -según informes de la organización Acción Ciudadana- ha financiado campañas electorales de Bukele.
Empresas como Constructora El Salvador, y otras empresas privadas creadas con fondos públicos, también son otra modalidad de privatización.
Ojalá que la población despierte, pierda el miedo y reaccione antes de que el actual gobierno termine de entregar lo que queda de patrimonio público y de saquear los últimos activos nacionales.
*Periodista y activista social.
