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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El portón del Instituto de Medicina Legal se abrió de par en par este jueves y, en un momento, la familia Realegeño Bonilla salió con las urnas mortuorias blancas y un listón negro en sus brazos; los rostros marcados por las lágrimas dan cuenta del inicio del “luto congelado” que estas sobrevivientes habían venido sobrellevando desde 1982.
“Uno, como doliente, no nos sentimos muy bien, porque siempre vamos a sentir el dolor por nuestros padres y hermanos, porque no ha sido fácil para nosotros. Y claro que pedimos justicia y reparación, porque nosotros quedamos desamparadas y perdimos la familia, la vivienda, todo, todo”, expresó María Berta Realegeño Bonilla, sobreviviente de la masacre El Calabozo. Este 23 de enero fueron entregados los restos óseos de María Lorenza Realegeño, José Bonilla, María Alicia Bonilla, Santos Marta Bonilla, Santos Jaime Bonilla y Lorena Ayala, los primeros madre y padre de María Berta, sus tres hermanos (un niño de 8 años y dos adolescentes) y una cuñada, quienes fueron asesinados en la masacre de El Calabozo, en el operativo militar “Teniente Coronel Mario Azenón Palma”, ejecutada entre el 17 al 25 de agosto de 1982.
El crimen de Lesa Humanidad fue ejecutado por los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl y Ramón Belloso; el Destacamento Militar #2 de Sensuntepeque, Cabañas, y la 5ta Brigada de Infantería de San Vicente, quienes se desplegaron en los municipios de San Esteban Catarina, San Lorenzo, Santa Clara y otros municipios aledaños, provocando el asesinato de más de 200 peronas entre mujeres, niñas, niños, hombres y adultos mayores.
“Tenía 22 años y ahí nuestros padre santo nos salvó, llegaron en la mañana como a las siete u ocho, vivíamos en el cantón San Idelfonsito, San Esteban Catarina en San Vicente, nos pasamos huyendo y escondiendo un año, pero después nos fuimos para San Antonio, Honduras, nos fuimos para librar a los niños, porque tal vez, si nos hubiéramos quedado, no estaríamos vivos”, recordó.
La exhumación de los restos de la familia Realegeño Bonilla se realizó entre el 28 de octubre a 1 de noviembre del año 2018, con el acompañamiento del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” y el apoyo legal de Cristosal, en el proceso judicial que se ventila en el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, San Vicente, a fin de esclarecer a los autores materiales e intelectuales de la masacre de El Calabozo, entre ellos el exministro de Defensa y Seguridad, general José Guillermo García.
“Les vamos a dar tierra (enterrarlos) como ellos lo merecían, no que quedaran botados; ahora sabemos que van a un solo puesto (tumba), los vamos a enterrar donde los asesinaron. Yo no he vuelto a donde vivíamos (San Ildefonsito); no regresé, estoy en Nueva Granada, Usulután, y no pueden devolvernos esas tierras, porque ya hay otra gente viviendo”, manifestó.
Carolina Constanza, directora del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” señaló que los familiares se encuentran apesadumbrados por un encuentro de dignidad que tuvieron que esperar 38 años, para dar sepultura a una parte de su familia.
Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas
“Este dolor sus familiares lo han llevado en su corazón y con un gran sentimiento de pesar, sabemos que ahora cierran un ciclo de duelo; es duro pero lo reciben con satisfacción, este es un resarcimiento personal y como familia esta es la verdad que no pueden ocultar y los únicos interesados en encubrirlos serán quienes cometieron los hechos, los victamarios. Mientras, las víctimas están allí, que siguen esperando con fe y esperanza que llegue la justicia para sus familiares y para ellos, que se investiguen estos crímenes de Lesa Humanidad, porque fue una masacre contra la población civil, fue una masacre contra gente inocente, no solo es pedir perdón”, afirmó.
Desde 1992, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” ha venido acompañando a las víctimas de la masacre de El Calabozo, pero ahora comparte el apoyo jurídico con Cristosal, en busca de justicia para las víctimas y sobrevivientes; “esto es poquito, solo son seis personas porque fueron cientos de personas masacradas por el Ejército y que, para borrar las evidencias, utilizaron químicos, así como el río que se llevó muchos cuerpos”, reseñó.
“Son restos fragmentados de tres adolescentes, un niño y dos personas mayores, que se identificaron con pruebas genéticas que ha llevado un año concluirla; es una de las fosas que se mantuvieron, porque la militarización que tuvo ese territorio tenía esa intención de que se perdieran los cuerpos de las más de 200 víctimas y son el símbolo de la tragedia que sigue impune”, expresó David Morales, director de Litigio Estratégico de Cristosal, antes de ingresar como apoderado legal a Medicina Legal, para retirar los restos de la familia Realegeño Bonilla.
En cuanto a la discusión de una Ley de Reconciliación en manos de la Asamblea Legislativa, que discute una normativa sin la participación de las víctimas, señalan que es violentar la firma de los Acuerdos de Paz, la Sentencia de la Corte IDH y promover la protección de victimarios.
