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Carlos Mármol Martínez, de 68 años, sostiene en sus manos dos fotografías de familiares, quienes desaparecieron en la época del conflicto armado. Foto Diario Co Latino/Ricardo Chicas Segura.

Víctimas del conflicto armado siguen relegadas en acceso a la verdad y justicia

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

Diversas organizaciones de derechos humanos y memoria histórica se manifestaron en la Plaza Cívica Gerardo Barrios, para deplorar la falta de sensibilidad del alcalde capitalino Ernesto Muyshondt, que no previó el significado del Monumento a la Memoria y la Verdad, que ha sido construido por las víctimas para honrar a sus familiares y se les negó el acceso este 2 de noviembre, en el marco del Día de los Fieles Difuntos.

En su pronunciamiento las organizaciones señalaron que depositar una flor o la visita a este memorial de las víctimas del conflicto que vivió el país en los años ochenta debería ser garantizada en el marco del respeto a los derechos humanos de la población salvadoreña.

“Es impensable que cualquier autoridad cierre un memorial para el 2 de noviembre, y limite ese acto tan sentido de estas personas, que aún no saben el paradero de sus familiares o no puede ser honrada su memoria en un cementerio. Esto constituye un acto de desprecio hacia las miles de víctimas y familiares y se suma a la larga lista de acciones y ofensas de parte de las autoridades municipales y estatales”, explicó Sofía Hernández.

Asimismo, criticaron la tardanza deliberada por parte de la Asamblea Legislativa, para la aprobación del anteproyecto de ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado. Su indiferencia para votar y declarar el 30 de agosto como el Día Nacional de la Persona Detenida o Desaparecida. Y la negativa de abrir expedientes militares que podrían ser utilizados en los casos de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad.

“Nos tienen esperando tanto tiempo, pero no se niegan a rendirle un homenaje al militar Domingo Monterrosa, que está vinculado a la masacre de El Mozote, donde fueron asesinados miles, entre los que figuran niños y niñas. Son estas acciones mencionadas las que demuestran la poca humanidad con la que somos tratadas las víctimas en el país”, sostuvo.

Mientras, David Ortiz, de FESPAD, señaló como una acción de indefensión para las víctimas y la población en general, la tardanza en la elección de los cuatro nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, tres para la Sala de lo Constitucional y uno para la Sala de lo Civil.

“Hacemos un llamado enérgico a los diputados que tienen en sus manos esta elección, que resuelvan lo antes posible, que se queden con una sesión (plenaria) abierta, hasta que elijan a las personas con mayores capacidades, mejor historial y conocimiento académico, para poder constituir este órgano de poder tan fundamental en nuestro país. Sabemos que se acumulan proceso amparo, de habeas corpus, pero también procesos de enriquecimiento ilícito que están parados, y eso es relevante, no podemos permitir esta situación”, puntualizó.

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