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Redacción Nacionales
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En conferencia de prensa, los familiares de los líderes ambientalistas de ADES y pobladores de Santa Marta, Cabañas, pidieron al Tribunal de Sentencia de San Vicente dejar en libertad a los líderes, quienes enfrentan el segundo día de la vista pública. En este segundo día de vista pública, se inició con las declaraciones de los testigos de la Fiscalía General de la República, así como con los testigos de la defensa; entre ellos, Eugenio Chicas, quien por videoconferencia iba a estar dando el testimonio.
Las organizaciones señalaron que este juicio ha sido por intentar mantenerlos detenidos y que se fallezcan dentro de la prisión, tal y como lo han hecho con los detenidos del régimen de excepción. Vicente Cuchillas, representante del Colectivo Universitario por la Democracia de la Universidad de El Salvador, señaló que esta es una lucha que afecta “de manera directa” a los vecinos y campesinos de la zona de Cabañas.
Los líderes de Santa Marta, “son luchadores sociales que han enfrentado la intención de activar la minería metálica en El Salvador por parte de este régimen que no entiende que la población está totalmente en contra de que en El Salvador se explote la minería metálica”.
A juicio de Cuchillas, el Gobierno “está obsesionado por la misma ambición y no ha tenido ningún detenimiento en cuanto a tener que hasta juzgar a personas inocentes para cumplir su cometido, porque lo que buscan es amedrentar a la población en general y especialmente a los habitantes de la zona de Cabañas y de otras zonas donde hay yacimientos de estos minerales y que los tienen ya en la mira para explotarlos”.
Familiares piden libertad
Milton Rivas, uno de los familiares detenidos, exigió la libertad de los ambientalistas, ya que consideran que son inocentes. “Nosotros desde un inicio mencionamos que el sistema judicial se iba a poner a prueba con este caso que venían manejando, que querían presentarlo como un caso de justicia restaurativa, pero se ha evidenciado cómo el sistema ha sido manipulado, ya que a 30 meses que lleva el caso, no han sido capaces de presentar la más mínima prueba para evidenciar su participación en el cometimiento de este supuesto delito que han querido presentar. Entonces, eso nos anima a seguir luchando y exigiendo la libertad para que sean absueltos de manera definitiva”, dijo.
El abogado defensor, Pedro Cruz, dijo que el primer día transcurrido fue con relativa normalidad. Los alegatos iniciales fueron orientadores de lo que cada parte va a aprobar. “Nosotros hemos anunciado al tribunal que vamos a probar que las personas acusadas en la fecha que ocurrieron los hechos estaban en otro lado, lejos de donde ocurrieron los supuestos hechos y que, por lo tanto, no pudieron haber participado”, comentó Cruz.
También, Cruz informó que se pretende comprobar que no existe cuerpo de víctima “ni de varias víctimas, porque en algún momento se anunció que podía existir un patrón de violación de derechos humanos que consiste en un delito de lesa humanidad, cuando el ataque o el patrón es generalizado y sistemático”.
“Nosotros hemos dicho que vamos a comprobar que no hay ningún patrón de ese tipo de delitos en esa zona, ni atribuibles ni de lejos a nuestros defendidos. Entonces, con ese supuesto es que nosotros vamos a partir en el desarrollo de la vista pública”, agregó.
Cruz informó que este miércoles pasaron dos testigos, hijos de la supuesta víctima, quienes dieron su versión de los supuestos hechos “y lo que ellos aparentemente recuerdan. En nuestro criterio hay contradicciones insalvables”, concluyó.
Doble juzgamiento
Es de recordar que el caso de Santa Marta inició un 11 de enero con la captura ilegal de Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Alejandro Laínez García, acusados por la fiscalía por un supuesto asesinato ocurrido en 1989.
Todos fueron liberados de los cargos en octubre de 2024 por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas. Sin embargo, la Fiscalía apeló y, por órdenes superiores, la Cámara Penal de Cojutepeque anuló el fallo absolutorio y ordenó repetir el juicio en otro tribunal, que es justamente lo que se hace en San Salvador. Las organizaciones consideran que esta acción es un doble juzgamiento. La vista pública finaliza este 31 de julio.
