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Saúl Méndez
Colaborador
La Unidad Nacional de Trabajadores, Organizaciones Sociales y Populares de El Salvador (UNITRASAL), junto con el Sindicato de Empleados del Órgano Judicial (SINEJUS), presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que elimina el mínimo del 6 % del Presupuesto General de la Nación destinado al Órgano Judicial.
La comitiva interpuso la acción ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como un acto legítimo en defensa de la independencia judicial, la legalidad y los derechos laborales dentro del sistema de justicia.
Reina Sigarán, secretaria general de SINEJUS, hizo un llamado a los magistrados de la CSJ para que recuerden lo que establece la Constitución.
“El artículo 172 es claro: el Órgano Judicial es independiente y, para garantizar esa independencia, debe recibir al menos el 6 % del presupuesto general de la Nación. No dice menos; puede ser más, pero nunca menos de ese 6 %”, afirmó la abogada.
Agregó que ese financiamiento existe precisamente para garantizar que los jueces puedan ejercer su labor con independencia.
Por su parte, Sonia Urrutia, presidenta de UNITRASAL, aseguró que el recurso presentado cuenta con el respaldo de la organización sindical y del sindicato SINEJUS.
“Es importante que el pueblo entienda que este problema no afecta únicamente a los sindicatos o a los trabajadores del Órgano Judicial. La afectación es para toda la población que demanda justicia”, señaló.
Urrutia advirtió que el Órgano Judicial enfrenta una crisis institucional, ya que jueces y magistrados deben resolver conforme a lo que establece la Constitución.
“El artículo 172 también establece que los jueces y magistrados son independientes y deben obedecer únicamente a la Constitución de la República y a las demás leyes”, recordó.
Las consecuencias de la situación
Actualmente, no existen proveedores para el mantenimiento de los vehículos de la Corte Suprema de Justicia, explicó Sigarán. “No hay sillas ni mobiliario en condiciones adecuadas. Incluso algunos proveedores están dejando de trabajar con la institución porque el Ministerio de Hacienda no libera los fondos cuando la Corte los solicita para realizar contrataciones”, señaló.
Añadió que los contratos de mantenimiento vehicular no se han ejecutado a nivel nacional: únicamente existen en la zona central y paracentral, mientras que en occidente y oriente no se han realizado.
“Esto afecta directamente a la población. Por ejemplo, cuando Medicina Legal necesite realizar un levantamiento de cadáver o un reconocimiento, llegará el momento en que el personal tendrá que trasladarse en transporte público o incluso usar sus propios vehículos, porque no habrá unidades disponibles ni mantenimiento”, advirtió.
También señaló que, si un juzgado necesita realizar un estudio de trabajo social y no cuenta con transporte, el proceso se suspende, lo que termina afectando a la ciudadanía.
Por ello, pidieron a los magistrados de la CSJ actuar con firmeza y recordar que, al asumir sus cargos, juraron cumplir la Constitución y no responder a intereses partidarios o de poder.
A esta situación se suma el aumento de la carga laboral dentro de los juzgados.
Según los sindicalistas, las plazas vacantes por renuncias o por el retiro voluntario contemplado en el decreto deben permanecer congeladas durante seis meses. Sin embargo, en la práctica no están siendo reemplazadas.
Como consecuencia, el trabajo que realizaban esas personas se redistribuye entre el personal restante, lo que incrementa la sobrecarga laboral.
Esto provocará un aumento en los retrasos judiciales, conocidos como mora judicial.
Si la situación continúa, alertaron, el Órgano Judicial podría enfrentar un colapso operativo.
Los sindicalistas también señalaron que la independencia judicial se ha visto vulnerada.
“Ustedes vieron un video en TikTok del fiscal general donde prácticamente amedrentaba a un juez por haber dejado en libertad a un menor. Eso no es correcto”, expresó Sigarán.
Ante la falta de pruebas o debilidad en las investigaciones, explicó, los jueces no tienen otra opción que ordenar la libertad de las personas procesadas.
Por ello, sostuvo que no se puede responsabilizar únicamente a los jueces cuando el fortalecimiento de los casos depende de la calidad de las investigaciones fiscales.
