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El periódico El Faro difundió, a mediados de la semana pasada, una investigación en la que establece una negociación entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y los cabecillas de la Mara Salvatrucha, la más grande estructura criminal de El Salvador y de Centro América. Le sigue el Barrio 18, ambas estructuras han dejado mucho dolor y luto entre las familias de sus miembros y en los territorios que controlan.
El tema de las pandillas, si bien ha sido estudiado desde el punto de vista sociológico y psicológico, en un principio, hoy se hace desde el punto de vista económico y político. Este último aspecto es el que más ha preocupado a algún sector de la sociedad por los temores que el país, en algún momento, sea gestionado por los grupos criminales.
A pesar de que el combate a las pandillas ha sido real, también ha sido real que, ante la imposibilidad de reducir su fuerza delictiva y de control en amplios sectores populares, y sobre todo por la cantidad de muertes y extorsiones, los últimos cuatro gobiernos han buscado, de forma secreta, un diálogo y hasta negociación con estos grupos criminales.
También es necesario recordar que mientras se daban esos acercamientos con los grupos criminales para reducir los homicidios, los distintos gobiernos promovían, propagandísticamente, el combate frontal contra las pandillas y así nacieron programas como “Mano dura” o “Súper mano dura”.
Como medio nunca hemos creído que el “exterminio” de las maras o pandillas sea la solución, y así lo hicimos ver en su momento, sin embargo, esto no implica que no se deba perseguir a los mareros o pandilleros involucrados en crímenes o extorsiones. El Gobierno debe impulsar programas que permitan arrancarle la base social a los pandilleros y esos programas tienen que estar vinculados a que los niños estén en la escuela, que reciban todo lo necesario de parte del Estado, para que estudien y tengan programas que permitan que los padres y madres de estos niños tengan oportunidades de trabajo. Estos dos elementos sencillos, pero complicados a su vez por la gran inversión que supone, pueden servir para evitar que familias enteras sigan aliadas de los pandilleros y hagan crecer su fuerza delictiva.
En el Gobierno de Mauricio Funes se facilitó una tregua entre las pandillas, lo que llevó a la reducción de los homicidios durante, aproximadamente, dos años, pero luego volvió el incremento de los homicidios, desapariciones y extorsiones.
Todo diálogo con las fuerzas sociales del país debería ser parte de quienes gobiernan, pero esas acciones no deben ser bajo la más estricta secretividad, es decir, de espalda al pueblo.
Y eso es lo que se puede criticar en la tregua que facilitó el Gobierno de Mauricio Funes y, al parecer, eso es lo que podría haber ocurrido en el actual Gobierno.
Es cierto que, en términos generales, la mayor parte de la población no aprobaría que un Gobierno entable diálogos con los grupos de pandillas y maras, pero, si el fin es reducir los homicidios y que estos permitan que el Estado desarrolle políticas públicas en las comunidades donde estas estructuras ejercen control, al final el pueblo puede entenderlo y aceptarlo.
Un acercamiento con estas estructuras no debe servir, por supuesto, para sacar beneficios políticos a favor de un partido político, ni mucho menos que reciban prebendas económicas, más allá de lo que la ley les permite.
Es importante -también- no manejar un doble discurso, es decir, promover “mano dura”, derribar puertas con almádenas para demostrarlo, pero, tras las paredes y a escondidas hacer reuniones para “dialogar y negociar”.
El periódico El Faro, como escribimos arriba, ha develado importante documentación de inteligencia en centros penales del país, que muestran constantes visitas de las autoridades del gobierno a los penales “acompañados de gente encapuchada que no permitieron identificar en los penales, pero que luego se ha conocido que eran cabecillas del grupo criminal”.
El periodismo investigativo tiene la principal característica que todo lo que se difunde está respaldado con documentos y, en este caso, El Faro los presenta.
De esto deben sacarse algunas lecciones: la primera, que nada puede hacerse en la estricta secretividad, hasta las fuentes que filtran la información se conocen al final. El ejemplo más claro fue el caso Watergate, donde el filtrador de la información al periodista Bob Woodward y Carl Bernstein, conocido como “Garganta profunda”, en realidad se trataba del agente del FBI, Mark Felt.
La segunda, que cuando se hace en secreto despierta muchas sospechas, sobre todo, que algo se tranza bajo la mesa.
Lo tercero, que, si se quieren hacer bien las cosas, hay que hacerlo de cara al pueblo, independientemente de los costos políticos, al fin y al cabo, se hacer en favor del pueblo.
