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Rosario Rivas
Redacción Diario Co Latino
La semana pasada Benito Lara, ex diputado y ex ministro de Justicia y Seguridad, todavía mantenía las medidas alternas a la detención, desde que inició el proceso judicial en el 2020, por presunta negociación con pandillas, sin embargo, este lunes el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador confirmó que accedió a la petición de la Fiscalía y decretó la detención provisional.
Lara, desde hace cinco años, cuando inició el proceso judicial en su contra, ha asistido a todas las diligencias solicitadas por el juzgado y no ha incumplido ninguna de las medidas emitidas.
La resolución la basó el Tribunal luego de escuchar las declaraciones del testigo criteriado “Noé”, aduciendo que “existe riesgo de fuga” por parte de Lara.
Fue durante la vista pública en contra de él y otros exfuncionarios y civiles por el caso de supuesta negociación con pandillas a cambio de apoyo electoral, en el periodo electoral de 2014 y 2015, que el Tribunal revocó las medidas alternas a Lara establecidas el artículo 368 Código Procesal Penal.
Los cargos que enfrenta Lara son fraude electoral y agrupaciones ilícitas tras ser acusado por la Fiscalía junto a otros imputados entre ellos el ex alcalde y ex diputado Ernesto Muyshondt; el ex ministro de Gobernación Arístides Valencia; el periodista Paolo Lüers; y Wilson Alvarado.
«Noé», el testigo criteriado, afirmó “que diferentes miembros y exfuncionarios del partido ARENA se reunieron con grupos criminales y les ofrecieron dinero y otros beneficios a cambio de apoyo para las elecciones presidenciales de 2014”.
Sin embargo, Lara dijo que el partido no tuvo que ver en ese proceso de «pacificación» y al ser cuestionado sobre si participó en alguna reunión con grupos criminales, dijo que «no, no lo que ellos dicen».
El testigo «Noé» enfatizó que diferentes miembros del partido ARENA como el excandidato presidencial, Norman Quijano, el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano, y otras personas que no identificó, formaron parte de las negociaciones de cara a las elecciones presidenciales de 2014.
La Fiscalía insiste en que “todos los procesados se reunieron con las principales pandillas para ofrecerles dinero y otros beneficios carcelarios a cambio de recibir apoyo para las elecciones presidenciales de 2015 y de alcaldes y diputados de 2015”.
