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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Leonel Rivas, habitante de la Comunidad Santa Marta, expresó que el “sistema judicial estaba secuestrado por intereses políticos”, luego que el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque denegara la petición de medidas sustitutivas a la detención provisional de los cinco ambientalistas de Cabañas, capturados el pasado 11 de enero.
“La Jueza de Paz de Victoria y el Juez de Primera Instancia de Sensuntepeque, Cabañas, quienes han visto el caso de los 5 compañeros ambientalistas capturados, nos genera una gran duda que realmente estén actuando y resolviendo conforme a derecho, en apego a la ley”, afirmó.
“Y si hay intereses económicos y políticos de por medio -si viene al caso- estos jueces no van a decidir por su propia determinación a la ley. Es difícil, y el caso Santa Marta-ADES tiene indicios muy fuertes de que realmente hay presiones, y que las mismas dictan el camino e incluso de las decisiones de los jueces”, indicó Rivas.
El líder comunitario reiteró que esta situación que vive el movimiento social en al actualidad es producto de la “elección de dedo del nuevo Fiscal General de la República, así como de los magistrados (Sala de lo Constitucional) y la reforma a la Carrera Judicial que generó un reacomodo de juezas y jueces”, que evidencia un “Sistema Judicial doblegado y que dejó de ser independiente”, expresó.
Luego del fallo en contra de los ambientalistas Antonio Pacheco y Saúl Rivas, directivos de ADES, y de los líderes comunitarios Pedro Antonio Rivas, Alejandro Laínez y Miguel Gámez, a la comunidad no le queda duda que esto va más allá de la justicia, por lo que rechazó esta ausencia de justicia en el proceso judicial. La Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) y la comunidad Santa Marta garantizan un arraigo histórico de sus habitantes, quienes el próximo 18 marzo cumplirán 42 años de haber sufrido las masacres “más atroces en el año 1981,”, indicó Rivas, al señalar que para estas víctimas y sobrevivientes aún no existe justicia.
“Ya habían vivido matanzas colectivas en el cantón Santa Marta y Peña Blanca. Y en 1981 vivimos los operativos de “tierra arrasada”, que eran de exterminio de población civil y ¿Cuántos años han pasado de esto? , son 42 años y durante este tiempo -ninguna vez- hemos visto interés del Sistema Judicial de presentar un caso de estas matanzas colectivas. ¿Por qué? , bueno es claro no procesarán a los verdaderos autores de las matanzas”, expresó.
“Recordemos, el pueblo no empezó la guerra, la gente no empezó la guerra -lo hemos dicho hasta el aburrimiento- no solo por este caso; y Santa Marta no empezó la guerra -es decir- ese conflicto civil se generó producto de un sistema y un país de desigualdad que potenciaba la miseria y, sobre todo, potenció la represión”, reiteró Rivas.
En común como ADES-Santa Marta y las organizaciones sociales que les acompañan, Vidalina Morales indicó que tienen “ciertas sospechas” que por la constante “lucha social contra proyectos extractivistas”, la Fiscalía pudo prepara un “paquete” de acusaciones y capturas del liderazgo de ADES y la comunidad Santa Marta.
“Por qué fue a partir de abril de 2022 que comenzó todo este proceso, específicamente en la Comunidad Santa Marta, queremos denunciar que la Fiscalía, vino y engañó a la comunidad”, afirmó.
“Vino y engañó a las personas porque llegó diciendo que iba a recoger testimonios sobre las masacres ocurridas en Santa Marta, entre ellas, la que está registrada en el informe de la Comisión de la Verdad, que es la masacre del Río Lempa, y todo fue mentira terminaron de armar el caso en 6 meses y concluyó con la captura de nuestros compañeros”, reprochó.
Morales, quien ahora es presidenta de ADES, recordó todo el trabajo social que han liderado en contra de proyectos extractivistas, y mucho más, luego de la información otorgada por pobladores de San Isidro, Cabañas, sobre “presencia de personas vinculadas a la minería”, en la zona.
“Hay un proyecto minero paralizado desde el 2004 , y a la fecha sentimos que hay una presión y ha llegado gente de PROESA, que han estado llamando a tomadores de decisiones en los municipios, como los alcaldes, para tratar el tema de las inversiones. Por esto sospechamos que todo esto es atacar todo el esfuerzo de articulación y resistencia contra el extractivismo”, consideró Morales. Alfredo Leiva, líder comunitario de Santa Marta, indicó que el rechazo a la petición de “medidas sustitutivas para sus compañeros es arbitraria” , al señalar que el abogado defensor presentó suficientes pruebas de arraigo en la comunidad, y suficientes elementos probatorios de la situación “complicada de salud” de los ambientalistas que sufren enfermedades crónicas.
“La ratificación de la detención provisional es, además, discriminatoria y violatoria del principio de igualdad en los procesos judiciales, pues en ningún otro caso relacionado con delitos de la guerra civil los acusados están en prisión. Los líderes de Santa marta y representantes de ADES son los únicos que están detenidos”, subrayó.
“La decisión del Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque también está acompañada de una indignante descalificación y estigmatización de Santa Marta, como comunidad organizada, pues la audiencia se trasladoó a San Salvador, porque alegan que en Cabañas se corría el peligro de una fuerte movilización de la población santamarteña, a la sede del referido tribunal”, acotó Leiva.
La población de Santa Marta y ADES, así como el Movimiento Social salvadoreño, descalificaron también la “reserva total del caso”, solicitada por la Fiscalía General de la República, al considerar que el objetivo de esta medida aprobada por la jueza de Victoria es evitar que se debata públicamente sobre la “debilidad jurídica en el caso” que ha presentado el ente fiscal y los “propósitos ocultos” que no están vinculados a administrar justicia por parte del sistema judicial del país.
“La próxima semana vamos a presentar un recurso de apelación ante la Cámara Penal de Cojutepeque, un tribunal superior, y vamos a seguir luchando hasta lograr la libertad de nuestros líderes comunitarios y defensores ambientales detenidos de forma arbitraria e injusta”, puntualizó Leiva.
