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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Las voces en alto se ahogaban entre sí. Pobladores de Nahulingo y trabajadores de la constructora Fénix, S.A. confrontados por la urbanización Acrópolis y por el peligro inminente de contaminación total del río Ceniza y la agresión al sitio arqueológico de Tacuzcalco.
Seis “suspensiones de obra” ha recibido la constructora Fénix, S.A., cuatro fueron presentadas por la Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) y las restantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sin ser acatadas por la constructora, que se mantienen en la impunidad judicial.
Tacuzcalco, no es una disputa antojadiza, como gritan los trabajadores de la constructora. Allí el 13 de junio de 1524, Pedro de Alvarado, observó desde un montículo una batalla entre sus hombres contra un ejército pipil aguerrido. De ese y otros datos históricos guarda resguardo, bajo tierra, la herencia cultural de Cuscatlán.
“Tacuzcalco no se vende, se cuida y se defiende”, fue la consigna que frente al Juzgado de Paz gritó la población, mientras, la contraparte, trabajadores de la obra, exigían seguridad de sus empleos, salarios y la obra.
Sin embargo, la jornada culminó con un “baldazo de agua fría” para los habitantes al conocer que la jueza de paz se declaró “incompetente” para ordenar la suspensión de la obra, lo que deja a Tacuzcalco entre un rescate histórico o ser sepultado por toneladas de concreto para siempre.
Los primeros en salir fueron los fiscales, quienes confirman que la jueza giró instrucción formal con imposición de medidas al jefe de obra de la urbanización Acrópolis.
Foto Diario Co Latino/Cortesía.
“Como Fiscalía vamos a continuar el proceso, y seguiremos la investigación para aportar todo lo necesario. Tenemos 90 días de instrucción, que puede extenderse”, dijo.
Magdalena Cortez, de FUMA, manifestó que este es el primer conflicto social entre pobladores, por un recurso tan importante como el río Ceniza, en una zona donde muchas comunidades dependen de este cuerpo de agua para sus labores cotidianas.
“Esto nos debe dar señales, pistas de los conflictos sociales que se avecinan, lo que estamos viendo aquí es pueblo contra el pueblo que ha confrontado, porque hay un grupo que está luchando por su derecho válido de tener un empleo y un salario digno, pero el otro grupo está luchando por la vida, por su recurso del agua. Lo grave es que una vez construida la urbanización los trabajadores se irán, pero el pueblo se queda acá, y sufrirá la contaminación toda la vida”, expresó.
Francisco Gallardo y Michel Mata, abogados de SECULTURA, confirman que Rodolfo Joaquín Recinos Deleón recibió una serie de medidas judiciales, pero sin detención, como jefe de la obra. Mientras, Carlos Eduardo Nostas Castillo, identificado como el único administrador de la constructora Fénix, S.A. quedó libre, luego de la audiencia.
Salvador Recinos, activista de la UNES, afirmó que la defensa de Tacuzcalco, en Nahulingo, Sonsonate, es un reto para comprobar si la justicia funciona en realidad y en favor de los pueblos indígenas y sus lugares sagrados. Así como de las comunidades, que suman más de mil familias.
“Nosotros miramos la defensa que han hecho de Tacuzcalco por el sitio arqueológico que toca los intereses de las organizaciones de los pueblos originarios del departamento de Sonsonate, porque golpea la identidad, nuestra historia. Y como organizaciones ambientalistas también vamos a seguir luchando y denunciando que esa empresa (Fénix) no cuenta con los permisos correspondientes del MARN, ni de Secultura, y eso ha quedado demostrado”, argumentó.
El “gran ausente” en la jornada de activismo fue Miguel Ángel Mejía, alcalde municipal de Nahulingo, con ocho períodos municipales, del partido ARENA, quien ha evadido la responsabilidad en los permisos, expresó Gilma Recinos, integrante del concejo municipal.
“Desde que llegó el representante legal de la constructora Fénix a promover esta urbanización, dijo que contaba con los permisos legales. Y cuando se los pedimos para verificar, nos presentaron un permiso de una lotificación, proyecto que pertenecía a Chiripillo S.A. de C.V. Ahora pertenece a Fénix. Nosotros le dijimos al alcalde que no fuera agarrar el dinero para construir la planta de tratamiento de aguas, porque sabíamos que sí tomaban ese dinero, ellos lo verían como aceptación para construirla”, consideró.
El argumento, si los permisos ambientales se renuevan automáticamente o no, fue la discusión que Miguel Ramírez, secretario del sindicato de trabajadores, sostuvo con Román Cartagena, originario de las comunidades de la zona.
“La gente de Patrimonio Cultural anda mintiendo. Ese señor Hugo Díaz (arqueólogo) habla viles mentiras, dice que está documentado, pero no hay nada debajo de la urbanización”, aseguró Ramírez.
Mientras, Román Cartagena, de la comunidad La Bolsona, del cantón Alemán, rechazó las declaraciones, al afirmar que serán más de once comunidades las que estarán en una situación crítica de su entorno y medioambiente.
“Es una realidad que las aguas negras serán depositadas en el río Ceniza, y aguas abajo vivimos alrededor de mil 200 habitantes entre niños adultos y ancianos. Muchas de esas familias ocupamos el agua para regar cultivos, bañarnos y pescar. Nos damos cuenta que la justicia no se aplica en ese caso, porque a pesar de las seis órdenes de paro de obra estamos a expensas de quedarnos sin agua, y que destruyan la identidad cultural”, concluyó.
